Denunciaron que Alberto Rodríguez Saá pasó a planta permanente a más de 4.000 contratados

Claudio Poggi, quien dirigirá los destinos de la provincia desde el 10 de diciembre, dice que la medida adoptada por decreto viola la Ley de Presupuesto.

El gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, denunció que el actual mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, pasó a planta permanente a más de 4.000 empleados que estaban trabajando bajo contratos. En la mayoría de los casos sostiene que se trata de ex funcionarios que se habían alejado de la función pública y que ahora volverán con mejores remuneraciones. Y también que hay beneficiarios de planes sociales que fueron incluidos en la medida.

En el artículo 14 del decreto N°1040 del 30 de octubre el gobierno puntano se expresa la decisión de “incorporar a planta permanente a partir del 1 de noviembre de 2023 a todo el personal contratado del Escalafón General de la Administración Pública Provincial, que a la fecha de la mencionada, cuente con una antigüedad mayor a SEIS (6) meses, continuos o discontinuos, en el mencionado escalafón”.

“A 40 días de irse dispuso para más de 5600 contratados una nueva situación de revista. La incorporación masiva de personal en la planta permanente fue la fórmula para colar también en la administración pública a actuales funcionarios que dejarán sus puestos a partir del 10 de diciembre con el cambio de gobierno, punteros y familiares de políticos y funcionarios. Esta medida viola la actual Ley de Presupuesto provincial”, dijeron en el entorno de Poggi.

Afirman que se trata de “una medida sin precedentes en los últimos cuarenta años en la provincia” y que de esta manera “Rodríguez Saá abrió las puertas del Estado sin establecer ningún requisito”. “El 30 de octubre firmó el decreto N° 10140-MEP-2023 que autoriza el pase de los contratados a la dotación estable del Estado”, explicaron. Remarcan que a nivel nacional para que se produzca este traspaso se necesitan al menos 5 años en calidad de contratado. Y que analizan llevar el caso a la Justicia.

En ese decreto que menciona Poggi, además, se dispone otorgar diferentes aumentos al personal estatal debido a los altos números de inflación de los últimos meses. En el comienzo se reconoce que el incremento salarial del 85% que se le otorgó a la administración pública puntana en el período que va de marzo a septiembre fue insuficiente y que es necesario sumarle un 15% adicional en octubre.

Poggi ganó las elecciones para gobernador el 12 de junio con el 52,90% de los votos y destronó a la familia Rodríguez Saá, que llevaba las riendas de la provincia desde 1983. Bajo el lema “Cambia San Luis” logró aglutinar a toda la oposición (confluyeron allí desde los libertarios hasta partidos de izquierda) para convertirse en el nuevo gobernador. Ya triunfador, recibió la felicitación del sector de Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio, que también fue parte de la coalición provincial.

Con Rodríguez Saá ya habían existido otros cortocircuitos en este período de transición. El gobernador actual nunca reconoció la derrota electoral del oficialismo, que en los comicios de junio tuvo como candidato a Jorge Fernández de Unión por San Luis y que se quedó con el 44,30% de los sufragios.

Recientemente otro motivo de rispideces se produjo tras la intención oficial para que la senadora y ex candidata a vicegobernadora María Eugenia Catalfamo se convierta en la nueva rectora de la Universidad Nacional de La Punta para los próximos cuatro años. La oposición creía que Catalfamo incumple el artículo 23 de la Constitución que determina la “idoneidad” que se necesita para acceder a ese puesto. El Senado provincial dio su acuerdo para la designación el 25 de octubre.

“El Senado Provincial violando la Constitución y las leyes prestó acuerdo a Eugenia Catalfamo como “rectora” de la ULP pese a que no cumple ningún requisito para serlo. Cómo ya lo he dicho, en cuanto asuma el próximo 10 de diciembre, está designación ilegal será ANULADA”, escribió Poggi en su cuenta de X (ex Twitter). Y continuó: “Serán nulas todas las resoluciones que tome esta persona. Y los que se presten a esta violación constitucional, deberán responder personal y patrimonialmente. No voy a permitir que la ULP se transforme en un aguantadero de funcionarios. Se terminó la fiesta”, en referencia a la determinación que adoptó Rodríguez Saá.

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