La Corte bajó el martillo: Freixes y Zabala deberán ir a prisión por presionar jueces en San Luis
En un expediente que llevaba casi dos décadas orbitando en el sistema judicial —entre fallos, apelaciones y un sinfín de objeciones defensivas— la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra los ex funcionarios puntanos Sergio Freixes, entonces ministro de Legalidad, y Mario Zabala, su viceministro.
Con esta decisión, la causa que marcó una de las grietas institucionales más profundas que vivió San Luis desde el retorno democrático llega finalmente a su cierre operativo: ambos deberán ir a prisión.
La maniobra: renuncias en blanco para controlar la Justicia
El caso se remonta a los años 2004 y 2005, cuando —según quedó probado en la investigación— desde el Ministerio de Legalidad se exigía a jueces y candidatos a magistrados que firmaran renuncias sin fecha, una herramienta de presión directa para someterlos a los designios del Ejecutivo provincial.
El episodio que detonó el escándalo fue la denuncia de la fiscal provincial y querellante, Gretel Diamante y el testimonio de Marina Ziliotto (aunque eran muchos más los jueces presionados), designada jueza de Cámara tras concursar, a quien se le reclamó participar en un pedido de jury para desplazar a sus propios colegas.
La coacción venía acompañada del arma letal de la época: una renuncia anticipada firmada por ella, lista para ser activada si no obedecía. Todo esto ocurrió bajo amenaza de hacer efectiva la nota, firmada sin fecha por ella, por medio de la cual ponía a disposición del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá su renuncia al ejercicio de esa magistratura.
Ziliotto se negó y su denuncia fue punta de lanza de una causa que llegó a poner en agenda nacional la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de San Luis.
La ruta judicial: de San Luis a Casación y de ahí al máximo tribunal
El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó en 2018 a Freixes y Zabala a cinco años por coacción agravada, pero los absolvió por uno de los hechos.
La Fiscalía apeló buscando la condena completa; las defensas, la absolución total.
En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dio un giro:
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condenó también por el segundo hecho,
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y elevó la pena a seis años de prisión.
Ese aumento activó nuevas apelaciones. Otra sala de Casación (Petrone, Gemignani y Maquieiras, éste último en disidencia parcial) revisó el expediente y confirmó la condena integral.
Quedaba el último cartucho: la queja ante la Corte Suprema.
Las defensas invocaron todo lo posible: ne bis in ídem, calificación legal, pena desproporcionada, plazo razonable, responsabilidad mal atribuida.
La Corte respondió con la contundencia procesal del artículo 280:
rechazó los planteos por inadmisibles.
Firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Qué significa: caso cerrado, pena firme
Con la sentencia ya inejecutable, la condena queda firme y la Justicia federal deberá proceder a hacer cumplir la pena.
La causa que nació como el símbolo más explícito de la presión política sobre la Justicia provincial termina con ambos ex funcionarios frente al escenario que evitaron durante veinte años: la prisión efectiva.
El trasfondo político y una lección institucional
El caso siempre giró alrededor de la figura de Alberto Rodríguez Saá, entonces gobernador y conductor del esquema de poder provincial. Freixes y Zabala no eran funcionarios secundarios: integraban el Ministerio de Legalidad, una estructura que operaba como herramienta para disciplinar al Poder Judicial y asegurar obediencia institucional. La exigencia de renuncias anticipadas a jueces no fue un desborde puntual, sino parte de una lógica que buscaba blindar al Ejecutivo frente a decisiones judiciales incómodas. Aunque Rodríguez Saá nunca fue imputado, la confirmación de la condena reabre la lectura política: la sentencia expone un modelo de conducción donde la presión sobre magistrados formaba parte de un funcionamiento más amplio y centralizado del poder.
El fallo deja en claro un mensaje que viaja más allá de San Luis:
no hay margen, ni siquiera con el paso del tiempo, para prácticas que conviertan a los jueces en piezas descartables o subordinadas del poder de turno.
Lo que durante años fue visto como una historia oscura de la política puntana hoy vuelve al centro de la escena, esta vez con el capítulo final escrito.
