Rechazaron nulidad y modifican cautelar en causa contra dos ex funcionarios de Alberto R. Saá
El juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, hizo lugar a la sustitución de una medida cautelar patrimonial solicitada por las defensas de los ex funcionarios provinciales, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano, en el marco de una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía N° 6 por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial.
El pedido defensivo se materializó este miércoles a la mañana en la audiencia que se realizó en la Sala Oral N° 1. Liliana Sánchez y Carlos Bianchi, representantes del ex ministro de Producción, y por la Defensora Oficial en lo Penal, Stefanía Cifuentes, quien defiende al ex ministro de Transporte.
Bianchi sostuvo que las medidas cautelares en el proceso penal tienen carácter provisional “y deben ser razonables, limitadas y estrictamente necesarias para garantizar los fines del proceso, sin transformarse en una anticipación de pena”. En ese sentido, cuestionó la inhibición general de bienes al considerar que resulta excesiva, ya que impide disponer del patrimonio en su totalidad sin que exista una necesidad concreta que lo justifique.
En su planteo, destacó que la defensa ofreció una garantía suficiente para sustituir la medida, consistente en un bien individualizado —una motocicleta valuada en aproximadamente 12 mil dólares—, cuyo dominio ya fue acreditado ante la Fiscalía. Bianchi afirmó que esta alternativa permite neutralizar cualquier riesgo procesal sin afectar derechos constitucionales como la propiedad, la presunción de inocencia y el ejercicio de actividades lícitas.
Cifuentes, por su parte, indicó que del informe de dominio surge que Anzulovich es titular de una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo valor asegurado asciende a más de 38 millones de pesos, por lo que superaría el monto del presunto perjuicio investigado. Por ello, propuso reemplazar la inhibición por un embargo preventivo sobre ese bien específico, al considerarlo una medida más proporcional, suficiente para garantizar el proceso y menos lesiva para los derechos del acusado.
La fiscal N° 6, Linda Maluf, finalmente dijo que no se oponía al pedido de las defensas técnicas. “Habiendo visto los informes de dominio, los cuales son correctos y no habiendo ninguna anomalía, considero adecuada la sustitución”, dijo la titular de la Fiscalía de Instrucción, quien estuvo acompañada por la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.
La Fiscalía explicó que la inhibición general de bienes fue solicitada inicialmente ante la falta de información sobre el patrimonio de los imputados, con el objetivo de resguardar el eventual recupero. No obstante, aclaró que siempre se contempló la posibilidad de sustituir esa medida en caso de contar con informes de dominio precisos. Juan Ignacio Trusendi, representante de la Fiscalía de Estado, adhirió a la formulación de cargos y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.
Luego de escuchar a las partes, Flores Leyes ordenó reemplazar la inhibición general de bienes que pesaba contra los dos imputados por un embargo preventivo. El magistrado también rechazó el planteo de nulidad presentado por Sánchez y Bianchi y argumentó que la formulación de cargos cumple con los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código Procesal Penal, al contener una descripción circunstanciada del hecho y estar respaldada por elementos probatorios suficientes para esta etapa preliminar.
El magistrado también recordó que la calificación legal de los hechos es provisoria en esta instancia, y puede ser modificada en etapas posteriores del proceso, conforme avance la investigación y se profundice el análisis de la prueba. En este contexto, concluyó que no se advierten vicios que justifiquen declarar la nulidad del acto, por lo que resolvió mantener vigente la formulación de cargos contra el imputado.
En la causa también está imputado el ex comisario Marcelo Balbo, quien es representado por el abogado Roberto Bracco. Ninguno estuvo presente en la audiencia de este miércoles.
De qué se los investiga
Según expuso Maluf en la audiencia de formulación del 23 de febrero pasado, los hechos investigados se habrían desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la Provincia de San Luis. La Fiscalía sostiene que durante ese período se realizaron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux que figuraba como asignada al Ministerio. Sin embargo, el vehículo fue hallado en diciembre de 2023 en el domicilio de Marcelo Balbo, en estado de abandono, con daños significativos y el motor desmontado, lo que —según la acusación— indicaría que no estaba en funcionamiento mientras continuaban registrándose cargas.
De acuerdo con los registros del sistema de control de combustible que maneja el Gobierno provincial, Balbo figuraba como chofer en todas las cargas. La Fiscalía afirmó que el combustible no habría sido destinado al vehículo oficial, sino desviado para otros usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de pesos.
En cuanto a las responsabilidades funcionales, Maluf sostuvo que Luis Marcelo Amitrano, en su carácter de ministro, tenía la administración y el control de los recursos y vehículos oficiales; que Sebastián Anzulovich, como secretario de Transporte, contaba con competencia funcional directa sobre la flota vehicular; y que Marcelo Balbo habría tenido intervención directa en la utilización del rodado y en las cargas.
Sostuvo que el sistema de carga de combustible requería un PIN, identificación del chofer y autorización específica, por lo que la mecánica descripta no podría haberse sostenido sin intervención funcional de los responsables del área. Consideró que la conducta encuadra en peculado y defraudación contra la administración pública y remarcó la necesidad de resguardar el patrimonio estatal.