Se aprobó en el Senado de la Nación el proyecto de Ley de reforma judicial

Tras un debate que duró más de 10 horas, pasada la media noche la Cámara de Senado de la Nación aprobó (por 40 votos contra 26) el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno. Durante la sesión especial, la mayoría de los legisladores estuvieron conectados en forma virtual.

El debate, del que participaron 64 senadores en forma virtual y cuatro en el recinto junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, fue seguido durante la tarde desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponen a la aprobación del proyecto.

Durante la discusión, en la que se anotaron 41 oradores, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará la norma, aunque se descuenta su sanción porque el oficialista Frente de Todos cuenta con los votos suficientes para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados para que intente convertirla en ley.

La mayoría de los discursos de los senadores del FdT aseguró que la reforma está orientada «a garantizar la independencia de los jueces» y apuntó al Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haber montado «una persecución judicial» contra la expresidenta y miembros de sus administraciones.

En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.

Desde el FdT, la senadora que presidió el debate en comisiones, María de los Angeles Sacnun, rechazó esas acusaciones; afirmó que el proyecto «es una primera ley» que «cumple con promesas de campaña» del presidente Alberto Fernández y reprochó a los legisladores de la oposición no haber sumado ninguna propuesta de cambio cuando tuvieron oportunidad de hacerlo.

La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

El texto original del Gobierno, de 85 artículos, fue retocado tras cinco audiencias en las que los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales escucharon medio centenar de testimonios de juristas, constitucionalistas, sindicalistas del Poder Judicial y representantes de colegios de abogados, jueces y fiscales.

La oposición afirma que esta reforma judicial «no resuelve los problemas del ciudadano común»

Senadores de la oposición ratificaron su rechazo a la reforma judicial que debate esta noche la Cámara alta en sesión especial y aseguraron que la iniciativa «busca garantizar impunidad».

El senador de Cambiemos por la Capital Federal Martín Lousteau declaró que «esta no es una reforma de la justicia que busque beneficie a los ciudadanos cotidianamente para resolverles sus problemas en medio de la pandemia de coronavirus», sino una «reforma de la justicia que malutiliza la política para asegurarse impunidad o para crearle problemas a otros, los opositores».

Lousteau dijo que está de acuerdo con las palabras del presidente Albero Fernández en el sentido de que la justicia de Comodoro Py «carece de credibilidad», pero afirmó que «esto no se resuelve nombrando más gente sino haciendo que el sistema funcione mejor con más controles».

«Todos decimos que funciona mal pero esta no es la reforma correcta», consideró, y en cambio destacó la necesidad de avanzar en la implementación del Código Procesal Penal que promueve el sistema acusatorio con mayor rol de los fiscales.

Su par de bancada, la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez, afirmó que la iniciativa «no es una reforma sino una intervención» que «busca impunidad para todos» y recomendó a sus pares del oficialismo «buscar un psicólogo porque tienen un problema de disociación de identidad».

«Quieren tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que han hecho llorar a los argentinos. Esto me recuerda a la Ley de Amnistía de 1983 del PJ, porque busca lo mismo», manifestó, y sostuvo que lo que se propone «es crear más de 900 cargos en el Poder Judicial, de una forma irracional, con un presupuesto de 6.000 millones de pesos anuales».

El legislador por Córdoba Ernesto Martínez advirtió que el oficialismo «le tiene miedo a avanzar en los juicios por jurado» que es por donde, dijo, «debería avanzar una reforma judicial». Y declaró que el Poder Ejecutivo «nos quiere convencer de que es un proyecto maravilloso como si estuviera vendiendo un artículo en un colectivo, sin datos numéricos ni estadísticas veraces».

Fuente: TELAM