Sólo el 1,3% de las denuncias de la gente en la Justicia de San Luis son resueltas

Un informe nacional reveló que la provincia se ubica entre las de menor eficacia judicial del país. De más de 23 mil causas penales ingresadas el año pasado, sólo poco más de un centenar terminó con una condena o una respuesta “de calidad”.

La Justicia puntana parece un reloj detenido: de cada cien denuncias penales que ingresan al sistema, menos de dos encuentran una resolución efectiva. El dato surge del último informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que midió la “tasa básica de eficacia político-criminal” de los ministerios públicos fiscales de todo el país durante 2023.

En San Luis, la cifra fue de apenas 1,32%. Es decir, de 23.276 causas penales que ingresaron, sólo 119 terminaron en condena, 117 fueron suspendidas con juicio a prueba y 71 se resolvieron mediante acuerdos reparatorios. El resto, más del 98%, quedó en archivo, demora o directamente sin avance.

“La enorme mayoría de los casos penales que ingresan a los organismos de persecución penal no obtiene una respuesta de calidad”, señala el informe del Inecip.

El mapa de la ineficacia

La situación puntana contrasta con otras jurisdicciones: Chaco alcanzó una eficacia del 16,6%, Jujuy del 14,2% y Neuquén del 13%. Ninguna provincia supera el 20%, lo que expone una crisis estructural del sistema penal argentino, pero San Luis aparece en el fondo de la tabla.

El cuello de botella judicial

El estudio identifica múltiples causas:

• Sobrecarga de trabajo y escasez de recursos humanos y tecnológicos.

• Falta de transparencia y datos públicos sobre el desempeño de las fiscalías.

• Mala articulación entre la Policía, la Fiscalía y los tribunales.

• Desconfianza ciudadana, que desalienta nuevas denuncias.

A esto se suma la reciente salida del procurador general de la provincia, ocurrida a comienzos de 2025, lo que según fuentes judiciales afectó la continuidad institucional.

Un sistema que desalienta denunciar

El impacto social de esta parálisis es profundo: la baja tasa de resolución alimenta la sensación de impunidad y erosiona la confianza en el Estado. Desde una mirada práctica, el sistema judicial puntano procesa una cantidad enorme de casos, pero genera muy pocos resultados concretos.

Para especialistas, esto no sólo afecta la percepción de justicia, sino también el clima de inversión y gobernabilidad. La seguridad jurídica se vuelve difusa cuando los mecanismos judiciales no responden.

El desafío de reactivar el reloj

El Inecip recomienda fortalecer los recursos, mejorar la gestión de casos y transparentar los indicadores de eficacia. Traducido al lenguaje de la gestión pública: sin un plan estratégico de justicia medible, con plazos e indicadores de resultados, el sistema seguirá girando en falso.

San Luis enfrenta así una disyuntiva estructural: seguir normalizando la ineficacia o diseñar un plan de justicia moderna, eficiente y abierta.