El ex intendente de Cortaderas desistió del del juicio abreviado
Mario Canali, ex intendente de Cortaderas, desistió este jueves del acuerdo de juicio abreviado que había firmado en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la refacción de dependencias policiales. Durante la audiencia, el ex funcionario sostuvo que desconocía las consecuencias de firmar el acuerdo y negó haber cometido los delitos que se le atribuyen.
Estaba previsto que hoy, el Ministerio Público Fiscal, presentara el acuerdo de juicio abreviado ante la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, con el objetivo de concluir el proceso penal respecto de Canali, mientras que la causa continuaría para los otros cuatro imputados. Sin embargo, esta posibilidad quedó sin efecto luego de que el ex intendente, con la intervención de un nuevo abogado defensor, manifestara su decisión de no ratificar el acuerdo.
El juicio abreviado es un procedimiento mediante el cual la persona imputada reconoce su responsabilidad penal y acuerda una pena con la Fiscalía, que debe ser homologada por un juez o tribunal, sin necesidad de realizar un juicio oral
En la audiencia intervinieron la fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 6, Linda Maluf, y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz. Por la Fiscalía de Estado participó el abogado Santiago Calderón Salomón, mientras que la defensa de Canali estuvo a cargo del abogado Iván Cali Velazco, quien asumió hoy la representación del imputado.
Al inicio de la audiencia, Cali Velazco cuestionó las condiciones en las que había sido firmado el acuerdo. Sostuvo que Canali no había recibido información suficiente por parte de su anterior defensa sobre las consecuencias jurídicas del procedimiento, que implicaba reconocer su responsabilidad penal por los delitos investigados.
Según explicó el abogado, inicialmente se había planteado la posibilidad de acceder a una suspensión de juicio a prueba, motivo por el cual el ex intendente comenzó a realizar tareas comunitarias en el Club Juventud de Cortaderas. Sin embargo, posteriormente le comunicaron que esa alternativa no era viable por su condición de funcionario público y le propusieron un juicio abreviado.
Cali Velazco señaló que el acuerdo fue enviado por medios digitales y que su defendido recibió insistentes pedidos para firmarlo antes de que finalizara octubre. Afirmó que existió escasa comunicación con su anterior defensa y que Canali no comprendió los alcances del documento que estaba suscribiendo.
“Entendemos que esta propuesta de juicio abreviado se encuentra, de algún modo, viciada en la voluntad de mi defendido”, expresó el abogado, quien anticipó que incorporará a la causa los mensajes de WhatsApp que respaldarían lo manifestado durante la audiencia.
Al hacer uso de la palabra, Canali relató que en septiembre comenzó a realizar tareas comunitarias en el club de Cortaderas, donde durante un mes se encargó de regar las plantas y recoger residuos de la cancha.
El ex intendente explicó que aceptó inicialmente esa alternativa, aunque cuestionó por qué debía hacerlo si, según sostuvo, no había cometido los hechos por los que se encuentra imputado.
Canali sostuvo que, cuando le propusieron el juicio abreviado, uno de los aspectos que más le interesaba era recuperar la posibilidad de salir de la provincia para visitar a su familia. Según relató, desconocía que esa restricción ya no se encontraba vigente.
También manifestó firmó el acuerdo sin comprender que implicaba asumir la responsabilidad por los delitos que se le atribuyen. Explicó que, tras conversar con su hija y consultar con su actual abogado, decidió no ratificarlo.
Durante su declaración, el ex intendente también se refirió a las obras que motivaron la investigación penal. Sostuvo que durante su gestión se realizaron trabajos de ampliación en la comisaría de Cortaderas y detalló que el edificio contaba con dormitorios, baños, una sala de estar, cocina, oficinas de atención al público y un calabozo. “Yo hice con lo que me dieron y amplié la comisaría”, afirmó.
También expresó que algunos materiales y trabajos fueron afrontados con recursos municipales y que, al finalizar su gestión, quedaron materiales destinados a completar los pisos del edificio.
Además, hizo referencia al convenio celebrado entre el municipio y el Ministerio de Seguridad y sostuvo que realizó las obras con los recursos que había recibido.
LAS MEDIDAS JUDICIALES VIGENTES
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la situación de las medidas de coerción que habían sido impuestas al ex funcionario.
La jueza Luciana Banó aclaró que Canali ya no tiene prohibición de salir de la provincia ni obligación de concurrir periódicamente a firmar en Fiscalía.
La magistrada explicó que, mediante una resolución dictada el viernes pasado, rechazó las medidas de coerción personal y mantuvo únicamente la inhibición general de bienes para todos los imputados.
Al fundamentar esa decisión, señaló que los investigados habían comparecido ante los requerimientos judiciales y que no habían vulnerado ni intentado vulnerar las restricciones mientras estuvieron vigentes.
“Usted puede salir de la provincia”, le indicó la jueza a Canali.
El ex intendente manifestó que desconocía esa circunstancia y que había continuado concurriendo a firmar hasta el mes pasado. También consultó sobre los alcances de la inhibición general de bienes, ante lo cual Banó le explicó que la medida le impide disponer de sus bienes registrables, aunque no adquirir otros.
Finalmente, la magistrada tuvo por designado a Iván Cali Velazco como nuevo defensor de Canali, tuvo presentes las manifestaciones realizadas durante la audiencia y tuvo por desistido el acuerdo de juicio abreviado. De esta manera, el proceso penal continuará su trámite también respecto del ex intendente de Cortaderas.
LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS
El 25 de septiembre de 2025, la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal contra los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini; el ex intendente de La Toma, Ernesto Alí; y los ex intendentes de Cortaderas y San Francisco del Monte de Oro, Mario Canali y Jeremías Vivas, respectivamente.
La investigación de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 se centra en presuntas irregularidades en convenios celebrados entre el Ministerio de Seguridad y distintos municipios para la refacción de comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, durante la gestión de Anastasi se suscribieron contratos que contemplaban anticipos de hasta el 40% del monto total de las obras. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que se efectuaron desembolsos que superaron ampliamente los montos pactados, sin que se registrara el inicio, avance o finalización de los trabajos comprometidos.
Posteriormente, durante la gestión de Latini, los contratos habrían sido rescindidos de común acuerdo, bajo el argumento de la inestabilidad económica y la crisis inflacionaria, pese a que ya se habían realizado transferencias de fondos públicos.
En ese contexto, Canali fue imputado como coautor de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
Desde el inicio de la investigación, las defensas de los ex funcionarios cuestionaron la investigación de la fiscalía y sostuvieron que las situaciones investigadas correspondían a cuestiones contractuales y administrativas, negando la existencia de maniobras fraudulentas.
Así informaron desde el Poder Judicial