La víctima es su hija: Investigan a una mujer por corrupción de menores
Una mujer fue imputada por el delito de “corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años”, en el marco de una investigación por presuntas conductas que habrían afectado el desarrollo psicosexual de su hija, quien tenía 12 años cuando comenzaron los hechos denunciados. La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas de coerción durante 120 días.
Según relató la Fiscalía de Género Nº 1, la mujer habría expuesto reiteradamente a su hija a conversaciones, imágenes y situaciones de contenido sexual adulto, mientras la adolescente se encontraba bajo su cuidado, luego de la separación de sus progenitores.
La fiscal adjunta Marisol Boschi sostuvo que estas conductas se habrían producido de manera reiterada y que la madre, quien debía garantizar el cuidado y la protección de su hija, habría promovido una exposición prematura a contenidos y comportamientos propios de la sexualidad adulta.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el padre de la adolescente. Entre las evidencias mencionadas por la Fiscalía se encuentran su declaración, el testimonio de la niña recibido mediante Cámara Gesell y un informe psicológico elaborado a partir de esa intervención.
El informe consideró que el relato de la adolescente reunía características compatibles con una memoria autobiográfica y criterios suficientes de credibilidad narrativa. También identificó indicadores de malestar emocional, tristeza y preocupación por conflictos familiares.
Boschi solicitó que la imputada firmara mensualmente el libro de imputados y tuviera prohibido salir de la provincia durante 120 días.
Por su parte, la defensora adjunta de Niñez y Adolescencia Nº 2, Belén Suárez, acompañó la formulación de cargos y la calificación legal propuesta por la Fiscalía. También destacó la importancia de proteger la integridad psicofísica de la adolescente y solicitó una prohibición de acercamiento de la madre hacia su hija durante 60 días.
El abogado Federico Putelli, en representación del padre de la adolescente, adhirió a las medidas solicitadas y pidió que la restricción de acercamiento se extendiera también a otra hija de la imputada, de 10 años.
Cabe señalar que tanto la víctima, como su hermana, están bajo el cuidado del progenitor.
En tanto, el defensor Oficial en lo Penal Nº 1, Carlos Salazar, cuestionó la hipótesis de la fiscalía y sostuvo que existía un conflicto familiar cuyas circunstancias debían profundizarse durante la investigación. Si bien no se opuso a las medidas solicitadas por la Fiscalía, rechazó las prohibiciones de acercamiento por considerar que las cuestiones vinculadas al contacto entre la madre y sus hijas debían resolverse en el fuero de Familia, donde ya existe un expediente relacionado con la situación familiar.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Luego de escuchar a las partes, la jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos contra la mujer y dispuso que, durante 120 días, comparezca entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Género Nº 1 para firmar el libro de imputados. También estableció la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo.
Respecto de las restricciones de acercamiento solicitadas por la Defensoría de Niñez y la querella, la magistrada resolvió no hacer lugar a esos pedidos.
Banó explicó que, al tratarse de una relación entre una madre y sus hijas y existir actuaciones en el fuero de Familia, correspondía que las decisiones vinculadas al contacto familiar fueran evaluadas por el órgano competente, con conocimiento de las circunstancias particulares y garantizando el derecho de las niñas a ser escuchadas.
¿POR QUÉ NO SE SOLICITÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA?
A pesar de la gravedad del delito investigado, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva de la mujer. La fiscal adjunta Marisol Boschi explicó durante la audiencia que la investigación se encuentra en su etapa inicial y destacó que la imputada siempre respondió a los requerimientos judiciales. Por ese motivo, consideró suficiente solicitar medidas de coerción menos restrictivas, destinadas a garantizar que permanezca a disposición del proceso penal.
La prisión preventiva no constituye una condena anticipada ni se dispone automáticamente por la gravedad de una acusación. Se trata de una medida excepcional que requiere fundamentos vinculados con riesgos procesales, como la posibilidad de que la persona imputada se fugue o entorpezca la investigación. En este caso, además, las dos niñas se encuentran bajo el cuidado de su padre.
Estas medidas no implican que se haya desestimado la denuncia ni que se haya determinado la inocencia de la imputada. La investigación continuará con las diligencias pendientes para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Fuente: Poder Judicial San Luis