Diez años sin justicia: declaran en rebeldía a uno de los acusados por el crimen de Romina Aguilar
A más de una década del crimen que conmocionó a San Luis, la causa por el asesinato de Romina Aguilar volvió a moverse, aunque en una dirección que refuerza el dato más incómodo del expediente: la falta de resolución.
Según publicó El Chorrillero, la Justicia declaró la rebeldía del ciudadano brasileño Edivaldo de Oliveira Pereira —uno de los imputados— y ordenó su captura inmediata tras constatar que lleva más de un año sin presentarse ante los tribunales y se desconoce su paradero.
La medida fue dispuesta por el juez Fernando De Viana luego de que el acusado incumpliera las condiciones fijadas tras su excarcelación, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia. Su última presentación fue en agosto de 2024.
Un crimen brutal que nunca cerró
El caso se remonta al 30 de enero de 2016, cuando Romina Aguilar, de 32 años, fue asesinada a balazos en la puerta de su casa, en la ciudad de San Luis. Dos hombres en moto la interceptaron y la ejecutaron sin robarle nada, en un hecho que rápidamente fue interpretado como un crimen por encargo.
La investigación dio un giro semanas después, cuando el propio Oliveira Pereira se entregó y vinculó el homicidio a un supuesto plan organizado por el esposo de la víctima, el entonces y actual intendente de La Calera, Diego Lorenzetti.
En 2020, tras un juicio extenso, el tribunal absolvió a Lorenzetti por el beneficio de la duda y condenó a los dos presuntos sicarios —Oliveira Pereira y Leandro Vílchez— a penas de prisión. Sin embargo, el fallo fue anulado en 2021 por el Superior Tribunal de Justicia, lo que dejó la causa prácticamente en punto cero.
Un expediente que se diluye en el tiempo
Desde entonces, el caso quedó atrapado en un limbo judicial: sin condenas firmes, con los imputados en libertad y con un segundo juicio que nunca logra arrancar.
Oliveira Pereira recuperó la libertad en 2022 bajo reglas estrictas, pero dejó de cumplirlas y, según reconstruyó la investigación, habría salido del país hacia Brasil.
El otro acusado, Vílchez, se encuentra detenido por causas ajenas, mientras que Lorenzetti continúa en libertad a la espera de un nuevo juicio.
Diez años después, más preguntas que respuestas
La reciente declaración de rebeldía no solo reactiva la causa, sino que expone su principal déficit: el paso del tiempo sin resolución.
Diez años después del asesinato, no hay condenas firmes, uno de los imputados está prófugo y el proceso judicial sigue sin fecha concreta de juicio con todos los indicadores judiciales en rojo: dilaciones, nulidades, excarcelaciones y fuga.
Mientras tanto, la familia de la víctima sigue esperando lo básico: una sentencia concreta.