Dos jóvenes fueron enviadas a prisión preventiva por intento de hurto en un supermercado
El fiscal de Instrucción N° 3, Esteban Roche, les formuló cargos a dos jóvenes por el delito de hurto en grado de tentativa, por un hecho ocurrido el 1° de agosto entre las 18:45 y las 19:30 en un supermercado ubicado sobre la Avenida del Fundador, en la ciudad de San Luis.
En su teoría del caso, la Fiscalía sostuvo que Pilar Montari Follari y Nadia Bustos intentaron sustraer perfumes y cremas del establecimiento comercial. Según expuso Roche, ambas fueron detectadas por el sistema de videovigilancia del local y posteriormente interceptadas por personal de seguridad antes de retirarse con la mercadería.
El fiscal pidió la prisión preventiva para ambas por el término de 45 días y fundamentó la solicitud en la existencia del riesgo de fuga, la solidez de la imputación, la calidad de la prueba y la reiterencia.
“Ya se les formuló cargos por hechos similares, saben lo que hacen, no son hechos aislados. De hecho, para encubrir este último hecho se intercambiaron la ropa, por ejemplo. Una de ellas es investigada por cinco delitos similares”, dijo Roche.
El defensor adjunto N° 1, Diego Zunino, no formuló objeciones a la imputación, aunque cuestionó la duración de la medida de coerción solicitada por la Fiscalía. Argumentó que, por la calificación legal atribuida al hecho, una eventual condena mediante un juicio abreviado sería de escasa entidad, por lo que consideró desproporcionado el plazo de prisión preventiva requerido.
En su lugar pidió que de dictarse una medida sea por menos tiempo o de prisión domiciliaria ya que las imputadas están a cargo de sus hijos menores de edad. Ambas imputadas se abstuvieron de declarar.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, consideró que existían elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho investigado y la presunta participación de las imputadas, además de valorar que ambas registrarían antecedentes vinculados a delitos de similar modalidad.
En ese contexto, entendió que la prisión preventiva era la medida adecuada para garantizar el desarrollo del proceso. Sin embargo, hizo lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía al considerar excesivo el plazo de 45 días solicitado y fijó la medida de coerción en 15 días, por estimarlo proporcional a la calificación legal provisoria y a las medidas probatorias pendientes.