Juicio a Cintia Ramírez: Alberto Rodríguez Saá asumió la responsabilidad por la compra del colectivo

La tercera audiencia del juicio contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, dejó un giro clave en el plano político: el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá asumió públicamente la responsabilidad por la compra del colectivo que está en el centro de la causa.

Durante su declaración como testigo, fue categórico: “Estoy al tanto de lo del colectivo y soy absolutamente responsable. Di la orden de compra. Con el monto que fuera”, en referencia a la adquisición del vehículo cuestionado por presunto sobreprecio.

El planteo no fue menor. La causa investiga justamente si hubo irregularidades en la compra de un colectivo para el San Luis Fútbol Club, operación que, según la fiscalía, habría generado un perjuicio millonario al Estado.

En ese contexto, Rodríguez Saá no solo reconoció su intervención directa, sino que además buscó despegar a Ramírez de la decisión. Aseguró que la entonces funcionaria “no abrió la boca” en el momento en que se definió la compra y que el pedido surgió del propio plantel del club.

El ex mandatario también defendió el esquema de financiamiento del club y el rol del Estado en su sostenimiento. Sostuvo que no existía incompatibilidad en que Ramírez ocupara cargos tanto en la función pública como en la institución deportiva, y afirmó que el modelo permitía una ejecución más ágil de los recursos.

“No solo que no es un delito sino que estoy absolutamente orgulloso”, expresó, al justificar la asistencia estatal al San Luis Fútbol Club.

El impacto de sus declaraciones fue inmediato. Incluso, durante su testimonio, surgió un planteo para suspender su exposición ante el riesgo de autoincriminación, aunque el tribunal resolvió que continuara declarando.

Mientras tanto, en paralelo, la audiencia también incorporó elementos técnicos que complican el cuadro judicial: una pericia determinó que el colectivo tenía un valor de mercado muy inferior al pagado y presentaba fallas mecánicas relevantes, lo que refuerza la hipótesis de sobreprecio.

Así, el juicio suma un nuevo capítulo con alto voltaje político. Porque más allá de la situación procesal de Ramírez, las declaraciones de Rodríguez Saá reconfiguran el eje de responsabilidades y ponen el foco directamente en las decisiones tomadas en la cúpula del poder durante su gestión.

En términos prácticos: lo que empezó como un caso centrado en una funcionaria ahora escala y abre interrogantes sobre toda la cadena de mando. Y ahí, el partido recién empieza.

ECH