La Defensoría del Pueblo de San Luis impulsa medidas para garantizar derechos de electrodependientes y entidades de bien público
El Defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, ha emitido dos resoluciones de gran importancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sociales de la provincia. Las resoluciones N° 47-DdP-2024 y N° 046-DdP-24 abordan problemáticas relacionadas con el acceso a servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica, para personas en situación de vulnerabilidad y entidades sin fines de lucro.
La Resolución N° 47-DdP-2024 tiene como objetivo principal instar al Poder Ejecutivo Provincial a reglamentar la Ley Provincial N° III-0972-2017, la cual se alinea con la Ley Nacional N° 27.351, que garantiza el acceso gratuito al servicio eléctrico para las personas electrodependientes por cuestiones de salud.
Estas personas dependen del suministro continuo de electricidad para el funcionamiento de equipos médicos indispensables para su bienestar. Sin embargo, la falta de reglamentación de la ley provincial ha generado vacíos normativos que impiden la implementación efectiva de los beneficios.
Esta resolución busca corregir dicha situación, exigiendo la creación de procedimientos claros que aseguren el acceso ininterrumpido a la energía eléctrica y el otorgamiento de equipamiento alternativo en caso de cortes del servicio, lo que es vital para la supervivencia y calidad de vida de los electrodependientes.
La Resolución N° 046-DdP-24, por su parte, se enfoca en el apoyo a las entidades de bien público, recomendando la adhesión de la provincia de San Luis a la Ley Nacional N° 27.218, que establece un régimen tarifario diferencial para servicios públicos.
Esta ley beneficia a fundaciones, asociaciones y otras organizaciones sin fines de lucro que desempeñan un rol esencial en la promoción social, cultural, educativa, deportiva y de derechos.
Al contar con una tarifa reducida en servicios como el suministro eléctrico, estas organizaciones podrán destinar más recursos a sus actividades, lo que resulta crucial en el contexto económico actual, donde muchas entidades enfrentan dificultades financieras para seguir operando.
La Defensoría considera que la adhesión a esta ley es un paso necesario para fortalecer el trabajo que estas instituciones realizan en la comunidad, especialmente en apoyo a los sectores más vulnerables.
Ambas resoluciones buscan garantizar la protección de derechos fundamentales y promueven la implementación de políticas públicas que favorezcan tanto a los ciudadanos como a las organizaciones que trabajan por el bien común en la provincia de San Luis.
La Defensoría del Pueblo continuará su trabajo para asegurar que estos cambios se hagan efectivos y que los sectores más vulnerables reciban el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida.
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