La Defensoría del Pueblo pidió más transparencia y equidad en las tarifas eléctricas durante la audiencia pública

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis participó de la audiencia pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica (CRPEE), en la que se analizó el pedido de aumento tarifario presentado por la empresa EDESAL S.A.

En el encuentro, que también contó con la presencia de representantes de la distribuidora, la CRPEE y un delegado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), se debatieron los fundamentos del ajuste propuesto y su impacto en los usuarios.

Mientras EDESAL argumentó que el incremento responde al aumento de los costos operativos, la Defensoría del Pueblo centró su exposición en los reclamos que diariamente presentan los usuarios y en la necesidad de fortalecer la transparencia, la equidad y la protección de los derechos ciudadanos.

Durante su intervención, la Coordinadora General de la institución, Julia Moyano Mendoza, recordó que el organismo tiene el mandato constitucional de defender los derechos de los sanluiseños y destacó que las audiencias públicas son una herramienta clave para garantizar la participación ciudadana.

Entre sus principales observaciones —recogidas en la Resolución N° 019-DdP-25—, la Defensoría planteó:

• Acceso a la información: advirtió que la falta de datos claros y públicos limita la participación de los usuarios y pidió a la CRPEE publicar con antelación los documentos técnicos sometidos a debate.

• Penalidades e intereses: propuso eliminar los intereses punitorios y segmentar las tasas por mora según la capacidad contributiva, para no castigar a los hogares más vulnerables.

• Notificación de cortes: reclamó que toda advertencia por mora sea fehaciente y diferenciada de la factura.

• Subsidios: solicitó crear una mesa interinstitucional que coordine la aplicación del nuevo esquema nacional y su comunicación a la comunidad.

• Usuarios emprendedores: propuso una categoría especial para quienes desarrollan actividades productivas en sus viviendas, que mantenga beneficios residenciales y contemple su realidad económica.

“La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de defender los derechos de los ciudadanos. La participación en audiencias públicas es esencial para promover la transparencia, la equidad y la protección de los usuarios del servicio eléctrico”, subrayó Moyano Mendoza.