Mega causa estafas inmobiliarias: imputaron a otras tres personas
Este lunes, el Fiscal Francisco Assat Alí, junto a la Fiscal Adjunta Ornela Costa de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, formularon cargos contra José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzoca Fernández y Ruth Sonia Agüero por el delito de asociación ilícita en carácter de partícipes, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, y su uso en procesos judiciales.
La audiencia fue encabezada por la Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con la participación de la Fiscalía de Estado, representada por Florencia Bustos Samperisi, y la Querella a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.
Assat explicó que la audiencia tuvo por objeto ampliar la imputación a tres nuevas personas, en el marco de la causa en la que ya se encuentran once imputados, y al mismo tiempo formular reserva de audiencia para otros dos citados que no comparecieron, identificados como Salvador Presti y Carlos David Genta.
Durante la exposición, detalló que la investigación se centra en hechos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se remontan al menos al año 2012. Desde entonces, los imputados habrían formado parte de una asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles mediante maniobras fraudulentas y artificios procesales.
Entre los mecanismos detectados, se mencionaron la introducción de domicilios falsos para impedir que las víctimas fueran notificadas y declararlas rebeldes, el uso de documentación apócrifa y falsificación de firmas y sellos, y la participación rotativa de los mismos testigos y miembros del grupo en distintos expedientes, asumiendo diversos roles según la conveniencia.
El Fiscal señaló que las víctimas suelen ser personas mayores, con limitaciones físicas o herederos de inmuebles que no residen en la provincia, lo que las hace especialmente vulnerables frente a este tipo de maniobras.
Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los imputados se enmarcan en delitos vinculados a la conformación de una organización con estructura estable, división de funciones y permanencia en el tiempo. Según la investigación, el grupo estaría liderado por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuyo conocimiento técnico en materia civil habría sido determinante para la ejecución de las maniobras.
Respecto de las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados una vez por semana durante seis meses y que no puedan salir de la provincia, salvo autorización del Tribunal. También pidió que la causa sea declarada compleja, en función de la cantidad de personas involucradas, la extensión de la investigación y la naturaleza económica de los hechos. Asimismo, requirió medidas patrimoniales para resguardar los bienes de los imputados, consistentes en la inhibición general de bienes y la prohibición de disponer o gravar su patrimonio hasta la finalización del proceso.
Tanto la Querella como la Fiscalía de Estado adhirieron a los planteos del Ministerio Público Fiscal.
El abogado José Samper, defensor de Jofré, manifestó que su representado prestaría declaración indagatoria. En su exposición, Jofré dijo haber firmado documentación sin conocer su contenido, a pedido de un conocido del ámbito laboral, y que no obtuvo ningún beneficio económico.
Por su parte, el abogado Martín Pérez Ruta, defensor de Mazzoca Fernández y Agüero, señaló que sus representados actuaron de buena fe al comprar un terreno y luego ceder los derechos de propiedad, negando que integren una organización o que su proceder haya sido ilícito.
Finalmente, la Jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal. Además, declaró a la causa como “compleja” y autorizó un plazo de investigación de seis meses. Dispuso que los imputados firmen el libro semanalmente en las instalaciones del Ministerio Público Fiscal y prohibió su salida de la provincia por igual plazo, salvo autorización por razones de fuerza mayor o de salud.
En materia patrimonial, la Jueza ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar respecto de los tres imputados, con el objetivo de resguardar posibles responsabilidades patrimoniales.
PARA LA FISCALÍA, ESTE ERA EL MODUS OPERANDI DE LA ORGANIZACIÓN
Según explicó la Fiscalía en la primera audiencia en la que se imputaron a once personas que integrarían la asociación ilícita, la presunta organización delictiva habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —entre predios, lotes, campos y viviendas— ubicados en distintas localidades de la provincia, como San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo actuaba de manera organizada, con división de roles y rotación de funciones, mediante un mecanismo sostenido en el tiempo. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada, con el fin de iniciar juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de la propiedad a favor de los integrantes del grupo.
Para concretar estas operaciones, se habrían confeccionado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos, entre otros documentos.
Un elemento central, según la Fiscalía y la Querella, era el uso de “domicilios seguros” o “controlados”, que en realidad pertenecían a miembros de la propia organización. De este modo, se impedía que los verdaderos propietarios fueran notificados (es decir, se enteraran del proceso judicial iniciado) y se los declaraba en rebeldía, lo que permitía que los tribunales —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables a los acusados.
El Fiscal Assat Alí destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, que superaría los cuatro millones de dólares.