Rechazo de abogados litigantes al proyecto de ley de licencias profesionales
Un grupo de letrados de la Provincia presentó una nota formal ante el Colegio de Abogados oponiéndose a la iniciativa que tomó estado legislativo la semana pasada. Advierten que la suspensión forzosa de plazos perjudicará a los clientes y abrirá la puerta a chicanas procesales.
La Cámara de Diputados de San Luis dio ingreso la semana pasada al Proyecto de Ley PRY 111/26, impulsado por el bloque del Frente Justicialista, que busca establecer un régimen de «Protección Integral y Suspensión de Plazos Procesales» para abogados e independientes ante contingencias de salud, duelos o maternidad. Sin embargo, la medida desató una fuerte controversia en el foro judicial local.
Abogados independientes de distintos puntos de la provincia —San Luis Capital, Villa Mercedes y Concarán— alzaron su voz en contra del proyecto impulsado con el aval de las conducciones colegiadas. A través de una presentación formal encabezada por el Dr. Sergio Alejandro Torres, los profesionales expusieron que la iniciativa atenta contra el ejercicio libre de la abogacía y la celeridad del servicio de justicia.
Los fundamentos del proyecto del PJ: «Humanización» y derechos básicos
En los fundamentos de la iniciativa parlamentaria, los autores sostienen que existe una «profunda asimetría y desprotección legal» para los abogados independientes en comparación con los empleados judiciales o de la administración pública. Argumentan que ante un parto, un duelo o una enfermedad grave, los letrados se ven obligados a delegar causas a las apuradas o a litigar en condiciones extremas para no perder derechos de sus clientes.
Entre los puntos principales que propone el proyecto de ley destacan:
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Causales y plazos de suspensión: Hasta 10 días hábiles por enfermedad grave o intervenciones quirúrgicas (prorrogables); 3 días hábiles por fallecimiento de familiares directos; y hasta 90 días corridos por nacimiento o adopción para la persona gestante (10 días para el progenitor no gestante).
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Implementación en IURIX: Un apartado exclusivo en el sistema judicial para gestionar solicitudes clasificadas en «Prioridad Normal» o «Urgente», interrumpiendo provisionalmente los plazos de las causas señaladas por el profesional.
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Precedentes y comparación regional: Citan como modelo el sistema de la Suprema Corte de Mendoza y proyectos en el Congreso Nacional (como el Expte. 6992-D-2024), sosteniendo que San Luis no puede quedarse atrás en la «humanización del proceso» ni en derechos humanos laborales para profesionales libres.
«Pensado desde las emociones y no desde la lógica»
En diálogo sobre los fundamentos del reclamo, el Dr. Torres enfatizó la incompatibilidad de aplicar esquemas laborales de relación de dependencia a profesionales independientes: «Partiendo de la base de que somos una profesión liberal y no en relación de dependencia, es incompatible. Atenta contra el servicio de justicia y va en contra de la propia empatía que dice defender».
Respecto al impacto que el congelamiento de expedientes tendría sobre la ciudadanía, el abogado graficó el perjuicio mediante una ecuación directa: «Si un abogado pide una licencia y esto es forzoso, arrebata el tiempo de su cliente, del cliente de la otra parte y del abogado de la otra parte. Es decir, 3+1 en la ecuación».
Asimismo, desde el sector crítico advirtieron que el mecanismo a través del sistema informático IURIX podría ser utilizado con fines dilatorios: «Se presta para chicanas y nadie garantiza que se hará buen uso», señalaron, recordando que la suspensión de plazos ante audiencias fijadas a meses vista podría paralizar causas judiciales hasta por un año.
El trasfondo político
Para el grupo de litigantes que suscribe la presentación, el proyecto responde a una reacción corporativa frente a las recientes reformas en el sistema judicial: «Considero que se ha pensado desde las emociones y no desde la lógica. Se ha pensado desde un punto totalmente egoísta y como un contraataque a la disminución de la feria. Creo que va más por ese lado, dado que cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados que ha interpuesto una demanda contra el Gobierno por ese tema», concluyó Torres.
Como alternativa a la paralización de los procesos, los matriculados proponen crear comisiones internas en los propios Colegios de Abogados para brindar asistencia o reemplazos temporales entre colegas ante emergencias personales, garantizando así la contención humana sin detener los juicios ni perjudicar los derechos de los litigantes.