Un hombre fue imputado por propinar amenazas por Whatsapp y desobedecer una orden judicial

La Jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos contra Blas Fernando Agüero por los delitos de amenazas y desobediencia a una orden judicial, en el marco de una causa iniciada a partir de denuncias realizadas en enero de este año.

Según expuso la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, representada por la Fiscal Adjunta Antonella Romagnoli, los hechos se originaron el 12 de enero, cuando el imputado habría enviado mensajes y audios a otro hombre a través de WhatsApp con contenido intimidatorio. Entre otras expresiones, le habría dicho: “te voy a escrachar por todos lados” y “ni la policía ni Dios te va a salvar”.

A raíz de esta situación, el damnificado radicó la denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento y contacto, la cual fue otorgada ese mismo día por la Justicia.

Sin embargo, al día siguiente —13 de enero— el acusado volvió a comunicarse con la víctima por la misma vía, enviando nuevos mensajes. Este segundo episodio ocurrió cuando la restricción judicial ya se encontraba vigente.

LAS AMENAZAS POR WHATSAPP TAMBIÉN SON DELITO

Durante la audiencia se destacó un aspecto clave: las amenazas realizadas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, también constituyen delito.

El artículo 149 bis del Código Penal argentino establece que incurre en este delito quien amenaza con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. Además, si la amenaza tiene como objetivo obligar a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, la conducta se agrava.

En esta causa, los mensajes y audios fueron incorporados como prueba mediante capturas de pantalla, informes técnicos y extracciones realizadas por el área de Delitos Complejos.

Romagnoli solicitó como medidas de coerción la firma del libro de imputados por el plazo de dos meses, la prohibición de salida de la provincia por igual término y la renovación de la restricción de acercamiento y contacto por dos meses.

Por su parte, la abogada querellante Juliana Herrera adhirió a la imputación y sostuvo que Agüero  evidenció una actitud de desprecio hacia la Justicia. Además, solicitó ampliar la imputación a dos hechos de amenazas y uno de desobediencia, y pidió extender las medidas de coerción a 120 días.

La defensa, a cargo de la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, sostuvo que los hechos relatados no configuran claramente el delito de amenazas. No obstante, no se opuso a las medidas solicitadas por la Fiscalía, aunque rechazó el plazo de cuatro meses requerido por la querella por falta de fundamentación.

Tras escuchar a las partes, Dopazo Samper hizo lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de la querella de extenderlas a cuatro meses, al considerar que no se encontraba debidamente fundado.

Asimismo, advirtió al imputado que cualquier nuevo intento de contacto con el damnificado —por cualquier medio, incluidas redes sociales o aplicaciones de mensajería— podría constituir un nuevo delito.