La Justicia continúa investigando a la exintendente de Fraga. Fiscalía se opuso al pedido de nulidad de la defensa
El abogado Gustavo Reviglio, defensor de la exintendenta de Fraga, Antonella Gil, solicitó la nulidad absoluta de la formulación de cargos y la suspensión de los plazos de la investigación que se lleva en contra de la ex jefa comunal, hasta que el Tribunal de Cuentas de la Provincia resuelva los recursos administrativos presentados contra dos balances municipales. El planteo del abogado fue presentado este lunes en la audiencia que se realizó ante la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó. Gil fue imputada en junio por la fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, por los delitos de peculado, falsificación de documento y uso de documento falso, en calidad de autora.
En su teoría del caso, la Fiscalía sostuvo que la mandataria habría encabezado una maniobra fraudulenta destinada a desviar fondos públicos durante el tercer y cuarto trimestre de 2022, valiéndose de su cargo y de las facultades de administración que tenía sobre los recursos municipales.
En términos económicos, la Fiscalía detalló que el daño estimado para el tercer trimestre de 2022 asciende a $11.738.413, mientras que en el cuarto trimestre se calculó en $7.800.900, lo que totaliza un perjuicio aproximado de $19.593.310. Para la fiscal, la conducta atribuida no fue un hecho aislado sino “un sinnúmero de irregularidades y actos fraudulentos”, ejecutados “con el único fin de provocar un grave perjuicio económico al municipio mediante el engaño deliberado”.
Reviglio sostuvo que la defensa interpuso recursos de revocatoria el 13 de abril y el 18 de mayo de 2026, que aún no fueron resueltos en su totalidad y argumentó que el Tribunal de Cuentas “es el organismo competente para determinar la existencia de irregularidades” en la documentación contable y cuestionó que la investigación penal avance mientras permanece pendiente esa instancia administrativa.
Además, aseguró que los balances observados “fueron presentados en tiempo y forma” y remarcó que fue su defendida quien realizó denuncias penales contra los proveedores señalados, por lo que pidió esperar el avance de esas investigaciones antes de impulsar la causa penal.
Finalmente, el abogado alegó que se vulneró el principio de agotamiento de la vía administrativa y sostuvo que la denuncia tendría motivaciones políticas. Por estos motivos, pidió que se declare la nulidad de la formulación de cargos y que se suspendan los plazos hasta que el Tribunal de Cuentas se expida sobre la legalidad de los documentos cuestionados. En caso de que el planteo sea rechazado, dejó expresamente abierta la posibilidad de recurrir la decisión mediante apelación.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Banó resolvió pasar el planteo de nulidad a despacho y, antes de tomar una decisión, solicitó tener a la vista el expediente. Asimismo, dispuso que las partes sean notificadas por escrito, mediante cédula, una vez que se dicte la resolución correspondiente. Es decir, la jueza no resolvió en esa audiencia si hacía lugar o rechazaba el pedido de nulidad presentado por la defensa.
La Fiscalía pidió que se rechace el planteo de la defensa
Maluf solicitó que se rechace el planteo de nulidad presentado por el abogado y que se mantenga la formulación de cargos en los términos en que fue realizada. Sostuvo que la imputación cumple con los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Penal de San Luis y que existen elementos suficientes para iniciar la investigación penal preparatoria.
Respecto de los recursos de revocatoria que todavía deben resolverse en el Tribunal de Cuentas, la fiscal señaló que la investigación penal preparatoria se encuentra en una etapa inicial y que la imputación es provisoria. Explicó que, a medida que avance el análisis de la evidencia, el Ministerio Público Fiscal podrá evaluar si existen elementos suficientes para continuar hacia una eventual acusación o si corresponde solicitar el sobreseimiento.
Por eso, consideró prematuro declarar la nulidad en esta instancia, ya que hacerlo impediría que la fiscalía profundice la investigación y que la defensa desarrolle su propia estrategia para controvertir los elementos reunidos.
La fiscal cuestionó los argumentos sobre el acceso a los balances y las denuncias contra proveedores
Otro de los argumentos de Reviglio fue que los balances y la documentación original se encuentran en el archivo municipal, lo que —según planteó— dificulta el ejercicio de la defensa de Gil. Frente a ello, Maluf señaló que las irregularidades investigadas corresponden al tercer y cuarto trimestre de 2022 y que la exintendenta fue requerida formalmente el 14 de diciembre de ese año para que se expidiera sobre las observaciones detectadas en la rendición de cuentas.
La fiscal destacó que la ex intendenta permaneció en el cargo hasta diciembre de 2023, por lo que, según su interpretación, contó con aproximadamente un año para acceder a la documentación y responder a los requerimientos antes de entregar el mando.
En cuanto a las denuncias que la exintendenta habría presentado contra proveedores por las presuntas irregularidades en las facturas, Maluf señaló que fueron realizadas el 19 de noviembre de 2024, después de que la Fiscalía de Estado formalizara la denuncia en su contra. Para la fiscal, esa secuencia temporal es un elemento que debe ser considerado y que justifica profundizar la investigación, sin que ello implique dar por acreditada la responsabilidad penal de la imputada.
Finalmente, Maluf reiteró que la fiscalía no actuó arbitrariamente, sino que formuló cargos sobre la base de elementos que considera suficientes para esta etapa inicial. Por ese motivo, solicitó el rechazo de la nulidad y que se mantenga la formulación de cargos.
Por parte de Fiscalía de Estado estuvo presente Juan Ignacio Trusendi, quien adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitó que se rechace la nulidad presentada por la defensa de Gil. El funcionario sostuvo que no se acreditó de manera concreta una vulneración del derecho de defensa y que la formulación de cargos describió los hechos investigados, los períodos involucrados y las evidencias reunidas hasta esta etapa del proceso.