Condena de prisión efectiva para «El loco de la casilla»

Carlos García fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva luego de que el Juez Ariel Parrillis, integrante del Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, lo declarara culpable del delito de portación ilegítima de arma de uso civil. El veredicto se emitió este martes a la tarde tras dos audiencias de debate oral.

García, de 56 años, llegó a juicio luego de una investigación en su contra por delitos vinculados al uso de revólver calibre 32 por lo que fue acusado de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de uso civil y resistencia a la autoridad, en concurso real.

En su resolución, el magistrado resolvió absolver al imputado del delito de coacción agravada, en perjuicio de Carlos Román Montaldi, al aplicar el principio de la duda, previsto en el Código Procesal Penal y en la Constitución provincial.

No obstante, lo declaró autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en perjuicio de la seguridad pública.

El hecho ocurrió el 8 de julio de 2025 a las 18 horas aproximadamente y de acuerdo con la acusación fiscal, García descendió de su camioneta Ford Eco Sport de color naranja y manifestó ser excombatiente de Malvinas, argumento con el que exigía ser atendido de inmediato por el propietario del taller, Carlos Montaldi.

Ante la negativa del mecánico —quien se encontraba trabajando en otros vehículos— el imputado, se habría tornado agresivo. Según la investigación, levantó su buzo y exhibió un revólver sin marca visible, de color óxido, que llevaba en la cintura sin la autorización legal correspondiente. Las pericias indicaron que el arma estaba cargada con seis cartuchos marca CBC, calibre .32 Smith & Wesson Long de percusión central y era apta para el disparo.

El acusado fue detenido por personal policial y de acuerdo con la investigación, al ser requerido por los efectivos para que se identificara, García manifestó llamarse Héctor Eduardo Villegas y afirmó ser miembro de la Policía Federal. Para respaldar sus dichos, exhibió una credencial policial con fotografía que, según los agentes intervinientes, no coincidía con sus características físicas.

En sus alegatos de clausura, la Fiscal de Instrucción Débora Roy Gitto solicitó que el hombre de 56 años fuera condenado a cuatro años de prisión por los delitos de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de uso civil y resistencia a la autoridad, en concurso real.

La defensa, representada por el Defensor de Juicio N° 2, José Luis Guiñazú y la Defensora Adjunta, Agustina Tobares, pidieron la absolución.