El agua de El Volcán vuelve a la Justicia: Cuestionan la falta de pruebas técnicas sobre la potabilidad
La calidad del agua que consumen los vecinos de El Volcán volvió a quedar en el centro del debate judicial. En el marco de una acción de amparo iniciada contra el Gobierno de San Luis y la Municipalidad de El Volcán, la parte actora cuestionó duramente las conclusiones de la pericia realizada en la planta potabilizadora y sostuvo que aún no existe una verificación técnica independiente que permita garantizar que el agua distribuida cumple con los estándares exigidos por el Código Alimentario Argentino.
Según explicó la abogada Carolina Díaz Alaba, quien representa a los vecinos en un amparo judicial, un dictamen pericial indicó que: «No hay controles para saber si el agua es potable o no y que incluso la pericia pudo establecer que no se está cumpliendo con el Código Alimenticio Argentino para la potabilización del agua».
El planteo fue reforzado en las últimas horas mediante un comunicado difundido por el estudio jurídico que representa a los vecinos, donde se afirma que la discusión no gira en torno a hipótesis futuras sino a una pregunta concreta: si actualmente existe certeza técnica suficiente para asegurar que el agua que llega a los hogares cumple con las condiciones de potabilidad exigidas por la normativa nacional.
Según surge de la impugnación presentada en el expediente, durante la inspección pericial no se encontraban disponibles los análisis bromatológicos correspondientes al período en que se realizó la evaluación. La observación adquiere especial relevancia porque esos estudios son considerados el principal respaldo técnico para determinar si el agua cumple con los parámetros establecidos por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
De acuerdo con la presentación judicial, el propio perito habría reconocido posteriormente que dichos análisis fueron solicitados pero que no estaban disponibles para su verificación al momento de la inspección. La parte actora sostiene además que sin esos resultados resulta imposible afirmar o descartar objetivamente el cumplimiento de las exigencias sanitarias vigentes.
La controversia se desarrolla en un contexto donde la problemática del agua en El Volcán lleva varios años generando reclamos vecinales, obras públicas, estudios técnicos y cruces entre organismos provinciales y municipales.
Durante 2023 el Gobierno provincial impulsó mejoras en el sistema mediante la instalación de módulos potabilizadores y la ejecución de obras complementarias destinadas a optimizar la calidad del servicio. Asimismo, se proyectó la vinculación con el Acueducto La Florida II como alternativa para reforzar el abastecimiento de agua de la localidad.
Por otra parte, en mayo de 2024 la Defensoría del Pueblo informó resultados de análisis realizados por un laboratorio privado que indicaban que las muestras obtenidas en la salida de la planta y en distintos puntos de la red cumplían con las especificaciones establecidas por el Código Alimentario Argentino para consumo humano. No obstante, el mismo organismo recordó que en estudios anteriores se habían detectado irregularidades que motivaron el seguimiento de la situación.
A comienzos de 2025 el conflicto volvió a escalar. Desde San Luis Agua sostuvieron públicamente que el agua cruda que llega a la planta cumple con los parámetros exigidos y atribuyeron los inconvenientes a deficiencias en el proceso de potabilización administrado por el municipio. Funcionarios provinciales señalaron que durante inspecciones técnicas detectaron problemas operativos, entre ellos deficiencias en la dosificación de productos químicos y niveles insuficientes de cloro residual.
La posición de los vecinos que impulsan el amparo es diferente. Para ellos, más allá de las explicaciones sobre el funcionamiento de la planta, el expediente judicial todavía no contiene la evidencia técnica necesaria para acreditar de manera concluyente que el agua distribuida cumple efectivamente con todos los parámetros exigidos por la legislación argentina.
En ese marco, la audiencia prevista para el 24 de junio aparece como una instancia clave. Allí podrían profundizarse aspectos técnicos vinculados al control sanitario, la validez de las pruebas incorporadas al expediente y los mecanismos de monitoreo utilizados para verificar la calidad del agua que consume la población.
Mientras tanto, el caso continúa exponiendo una discusión que trasciende el conflicto judicial: la necesidad de contar con controles transparentes, información pública accesible y certezas técnicas verificables sobre un servicio esencial para la salud de la comunidad.
La Dra. Carolina Díaz Alba detalló los últimos avances judiciales sobre el amparo solicitado por vecinos contra el Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de El Volcán:
Ver esta publicación en Instagram