El Gobierno creó un registro único de beneficiarios sociales: más control y unificación de datos
El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta que centralizará la información de todas las personas que reciben asistencia del Estado. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y forma parte de una estrategia para ordenar, cruzar y monitorear los datos del sistema social.
El nuevo registro funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) y estará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo encargado de administrar la base de datos, procesar la información y generar estadísticas.
Según se detalla en la normativa, el objetivo es claro: identificar con precisión a los beneficiarios de programas sociales, evitar superposiciones y mejorar la eficiencia del gasto público. En otras palabras, unificar en una sola plataforma lo que hasta ahora estaba disperso en múltiples organismos.
Desde el Gobierno sostienen que esta herramienta permitirá un mayor control y una mejor evaluación de las políticas públicas. En términos prácticos, se trata de un sistema que permitirá cruzar datos entre distintos programas y detectar posibles incompatibilidades o duplicaciones en la asignación de beneficios.
Sin embargo, la iniciativa también abre interrogantes. El manejo de una base de datos de estas características —que concentra información sensible de millones de personas— pone el foco en la protección de la privacidad y el uso que se le dará a esos datos. En ese sentido, la normativa establece que el registro deberá cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales y garantizar la confidencialidad de la información.
La creación del RIB se inscribe en un contexto de revisión del gasto social y de búsqueda de mayor control sobre los programas de asistencia. Mientras el oficialismo lo presenta como un paso hacia la transparencia y la eficiencia, sectores críticos advierten sobre el riesgo de avanzar hacia un esquema de mayor vigilancia sobre los beneficiarios.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a tener un “mapa completo” de la asistencia social en Argentina. La discusión, ahora, pasa por cómo se usará esa información y qué impacto tendrá en el acceso a los programas.