Insólito: el intendente de San Francisco, acusado de estafa, pidió suspensión de indagatoria y que censuren a la prensa local

El intendente de San Francisco, Sandro Flores, tenía fijada una audiencia de formulación de cargos para hoy, miércoles 11 de septiembre, en el marco de una causa por estafa, en la que se lo acusa de haber apropiado de un inmueble valuado en unos $200.000 dólares, ubicado en el centro de este mismo municipio.

Sin embargo, según informó Matías Nieto, del portal La Gaceta Digital, Flores, a través de su abogado, ha hecho una serie de insólitos pedidos a la Justicia local. Por un lado, pidió la suspensión de la indagatoria, la reserva del expediente, alegando que él es una figura pública; y también que se quiten de los medios de comunicación todas las notas referidas a esta denuncia en su contra. El pedido de la suspensión de la indagatoria es el acto por el Día del Maestro que, mañana, el Gobierno realizará en San Francisco.

Flores se encuentra acusado de estafa junto a su esposa, Ivana Castro; su secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ary Sepak; el padre de este último, Davorín Sepak y la pareja del funcionario, Ayelén Quiroz. El hecho en cuestión, gira en torno a la compra que Ary Sepak, Flores y Castro supuestamente le hicieron a Davorín Sepak de un terreno donde hoy funcionan, entre otras cosas, canchas de pádel y un gimnasio. La denunciante es la exesposa de Davorín Sepak, Lilia Valdez, quien asegura que el inmueble era un condominio y que ella no recibió ni en peso de esta transacción.

“Entiendo que la calidad de funcionario público no tiene por qué esconderse. Si él no tiene nada que ver en relación al delito que se está cometiendo, no tendría por qué estar escondiéndose, pero ha pedido que se levanten las notas que han salido en los medios de comunicación, cortando la libertad de expresión de los medios de comunicación y de los abogados defensores, pide que nosotros, que el juez nos intime a nosotros que nos hablemos más sobre la situación que está pasando en San Francisco”, manifestó el abogado Marcelo Estrada, en declaraciones a la prensa.

“Es una estafa, es una defraudación donde se han quedado con una propiedad valiosa cercana a los 200.000 dólares en San Francisco a través de un contrato, por supuesto, nulo. Se lo han comprado a otra persona (Sepak), sabiendo que la persona esta (Valdez) era la dueña. Todo el pueblo de San Francisco, estamos hablando de un pueblo chico donde todo el mundo sabe de quién es una casa o un predio o lo que sea. Entonces se apoderaron de ese predio y se quedaron con ese predio y lo están explotando”, dijo Estrada, en relación al hecho denunciado.

“Esto es una muestra más de cómo se maneja Flores y Sepak en San Francisco y ahora pretenden trasladar todas esas cuestiones acá. Como yo ya expresé, imagínense que estamos ante una persona que se ha elegido para cuidar los vecinos y estas personas se están apoderando de los bienes personales de las personas que viven ahí en San Francisco y además ahora pretenden cortar la libertad de expresión y que nosotros nos informemos sobre la situación”, continuó Estrada.

El abogado aseguró además que tiene más denuncias en contra de Flores, Castro y Sepak. “Hay un expediente donde está siendo denunciada también la esposa de Flores y Flores mismo. Por lo mismo. Ocupando terrenos y luego vendiéndolos. Luego llegaron a un acuerdo con la víctima. Hay otros damnificados también y se están comunicando también con el estudio y vamos a seguir dándole difusión”, dijo Estrada, quien aseguró que van “a ir despacito aportando pruebas” para probar “una asociación ilícita entre tanto Flores como Sepak y algunas otras cuestiones más”.

Obviamente, estos no son más que una serie de pedidos que ha hecho Flores, a los que la Justicia todavía no ha dado lugar. Por lo pronto, el acto a realizarse por el Día del Maestro será mañana, a las 17 horas, por lo que no debería intervenir con la cita del intendente Flores.

Fuente: LGD

Esta mañana, desde el portal El Chorrillero informaron que Fopea rechazó la intención del intendente de San Francisco de impedir el acceso de los periodistas a una causa en su contra

En su pedido a la Fiscalía, argumentó que aún no está imputado, y que “cualquier persona puede ver el expediente, sacar información y convertirla en maliciosa a conveniencia”.

Al mismo tiempo entiende que de esa manera se podrían ver afectadas sus garantías constitucionales y el derecho a su defensa.

El dirigente planteó que se “intime por el proceder antiético y ordene a la defensa que se levanten” las publicaciones de El Chorrillero y De Política, donde se menciona la investigación.

Responsabilizó a ambos medios de publicar “falacias”.

“Desde Fopea recordamos que el derecho de acceso a la información pública no es un privilegio de los periodistas o los medios, sino una obligación del Estado hacia la ciudadanía con el objetivo de garantizar la transparencia de los actos de gobierno”, reiteró la entidad en un comunicado difundido hoy.

En este sentido, la Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de la Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia señala que “durante el desarrollo de juicios orales y públicos, así como en la realización por parte de organismos judiciales de audiencias u otro tipo de actos públicos, se procurará garantizar la presencia de periodistas como un modo de extender la publicidad de tales actividades y acceder así a un público más vasto”.

También indica que “la información de causas en trámite o concluidas será ampliamente difundida cuando haya un interés público comprometido”, como es este caso.

Este derecho está garantizado por la Constitución nacional, las constituciones provinciales y pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que nada dicen sobre los supuestos privilegios que una persona pública podría tener para impedir su ejercicio.

Si bien hay casos especiales en los que la privacidad de las personas puede ser contemplada en un juicio (menores involucrados, violaciones), no sería el caso cuando se trata de una causa por corrupción.