Escándalo en la Federación de Bomberos: Denuncia penal por el faltante de 87 millones de pesos
En una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se revelaron graves irregularidades administrativas y financieras en la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis. La intervención, ahora ampliada, radicó una denuncia penal por administración fraudulenta tras detectar que más de $87 millones recibidos en subsidios nacionales entre 2020 y 2023 nunca fueron rendidos.
Un faltante millonario y sin respaldo
La interventora de la institución, Roxana Díaz, brindó detalles alarmantes sobre el estado en que encontró la entidad: infraestructura en total abandono, servicios de luz y gas cortados, y mobiliario deteriorado. Sin embargo, el punto más crítico es el financiero.
Según se constató con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Federación recibió $87.304.425,61 en concepto de funcionamiento y capacitación durante los últimos cuatro años. De ese total:
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No se rindió ni un solo peso ante Nación.
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Solo se pudo validar documentación por $27 millones.
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Existen comprobantes sin validez fiscal por casi $3 millones.
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Hay un faltante absoluto de $22.914.220 del cual no existe ningún tipo de documentación respaldatoria.
Como agravante, la Nación exige ahora la devolución de la totalidad del dinero ($87 millones) en efectivo, ya que no se aceptan rendiciones en papel por períodos tan antiguos.
Denuncia penal contra los responsables
El asesor letrado de la comisión, Emiliano Vera, confirmó que la denuncia penal fue presentada ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial. La acusación recae sobre Damián Gómez y Nelson Gómez por el delito de administración fraudulenta, calificación que podría ampliarse a medida que avance la investigación.
Además del desfalco de dinero, se denunció la desaparición de un vehículo que figuraba como «destrucción total», pero del cual no se encontró rastro físico ni papeles que acrediten su destino final.
Consecuencias para los cuarteles de San Luis
La ministra Nancy Sosa subrayó que esta situación mantiene bloqueado el acceso a nuevos subsidios nacionales que hoy rondarían los $400 millones. «Ese dinero debería ir destinado a equipamiento y capacitación para nuestros bomberos, no a los bolsillos de particulares», enfatizó.
La nueva Comisión de Intervención, integrada por Roxana Díaz, Miguel Ángel Díaz (Bomberos de El Volcán) y el abogado Emiliano Vera, buscará ahora una audiencia con Nación para regularizar la situación y evitar que los cuarteles de la provincia sigan pagando las consecuencias de esta gestión.