Media sanción en Diputados para el Régimen de Consorcios Camineros: cruce de acusaciones y debate por el rol del Estado

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría (28 votos afirmativos contra 12 negativos de la oposición) el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear el Régimen de Consorcios Camineros. La norma pasa ahora a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo. La sesión estuvo marcada por un fuerte contrapunto entre el oficialismo y el bloque opositor, además de la postura fijada por bloques aliados.

La iniciativa impulsada por la provincia busca transformar la conservación de 4.460 kilómetros de rutas secundarias no pavimentadas mediante la conformación de asociaciones civiles sin fines de lucro integradas por productores rurales, bajo la tutela y financiamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.

Durante el tratamiento en el recinto, los legisladores de los distintos bloques expusieron posturas encontradas sobre el alcance del proyecto, el financiamiento y la responsabilidad estatal en el mantenimiento de las arterias rurales.

Las voces en el recinto: qué dijeron los diputados

El oficialismo defendió el modelo de articulación público-privada

La diputada Eugenia Gallardo, quien actuó como miembro informante del proyecto, destacó la importancia de transformar el reclamo histórico del campo en una política duradera:

«Este régimen va a marcar un hito en la forma de gestionar la red vial provincial. Durante las reuniones de comisión, los representantes de las entidades rurales señalaron que hace 30 años que vienen renegando con este tema y destacaron la importancia de que quede establecido por ley para asegurar su continuidad.»

«El interior necesita respuestas. Quienes producen necesitan caminos transitables y San Luis necesita herramientas que permitan hacer más eficiente la gestión y responder de manera más oportuna a las necesidades de cada circuito.»

Por su parte, la diputada Miriam Serra enfatizó el impacto directo en la producción y los parajes rurales:

«El proyecto viene a dar respuesta a una necesidad concreta de nuestra provincia y a una demanda sostenida del sector agropecuario, garantizando conectividad, competitividad y seguridad para quienes transitan a diario los caminos del interior.»

La oposición rechazó la iniciativa y argumentó la «privatización de responsabilidades»

Desde la oposición, la diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó la cesión de obligaciones por parte del Estado hacia los productores agropecuarios y defendió el proyecto alternativo presentado por la minoría:

«Se pretende trasladar a los productores una responsabilidad técnica, económica y operativa que le corresponde legal y constitucionalmente a Vialidad Provincial. El Estado no puede desligarse del mantenimiento de los caminos rurales ni cargar el costo sobre los vecinos e intendencias.»

En la misma línea, el diputado opositor Lucas Caime advirtió sobre las dificultades de control fiscal:

«Al tratarse de asociaciones civiles de derecho privado, se corre el riesgo de resentir los mecanismos institucionales de fiscalización y control de los fondos públicos que se les asignen.»

La posición del aliado oficialista: «El peor plan es el que no existe»

Sumando la postura del monobloque aliado al oficialismo, el diputado Walter Córdoba resaltó la necesidad de dar soluciones concretas, aunque lanzó dardos políticos contra las gestiones anteriores:

«Sin ánimo de confrontar, me parece que algunos debieran hacer una autocrítica… Qué bueno que ese despacho de minoría se hubiera presentado cuando algunos funcionarios que ahora están acá fueron gobierno. Los años que nos hubiésemos ahorrado si se hubiese presentado en los 40 años que gobernaron.»

«Pensar que el Estado se podría hacer cargo del 100% del mantenimiento de los caminos es irreal. La salida son los consorcios camineros: acá y en cualquier lugar del país.»

Claves del proyecto aprobado

• Cultura cooperativa: Creación de entes de bien público sin fines de lucro en cada zona productiva.

• Aporte estatal: Financiación gubernamental estimada entre el 80% y el 85% de los costos operativos y de adquisición/reposición de maquinaria vial.

• Monitoreo: Control gubernamental a través de la Autoridad de Aplicación sobre el correcto uso de los recursos transferidos a los consorcios.