LEY DE TIERRAS | Alejandro Cacace advirtió que frenar los cambios «demorará inversiones clave» para la Argentina
En una entrevista con Willy Kohan por El Cronista, el secretario de Seguridad Social de la Nación y dirigente puntano cuestionó las trabas legislativas a la derogación de la norma. Aseguró que el tope de 1.000 hectáreas arruina proyectos en la Patagonia y el Norte, y negó que la compra de suelo afecte la soberanía o la propiedad de los recursos naturales.
El puntano Alejandro Cacace, actual funcionario del Ejecutivo nacional (Secretario de Desregulación de la Nación), volvió al centro del debate parlamentario y económico al defender firmemente la desregulación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), en el marco del paquete de reformas sobre la inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por la gestión central.
Durante una entrevista en el streaming de El Cronista, conducido por el periodista especializado en economía Guillermo «Willy» Kohan, Cacace alertó que la imposibilidad de avanzar en el Congreso con este punto generará una postergación directa en la llegada de capitales internacionales para el desarrollo productivo.
«Es como pegarnos un tiro en los pies. El problema de la Argentina no es que vengan los extranjeros a invertir, sino que históricamente nos ha faltado inversión extranjera directa, que termina yéndose a Brasil, Chile o Uruguay», sintetizó el funcionario sanluiseño durante el diálogo periodístico.
Mitos sobre la extranjerización y el límite de 1.000 hectáreas
Uno de los puntos centrales del análisis de Cacace se enfocó en el argumento de la «pérdida de soberanía», al cual calificó como una «consigna burda» alimentada por el sesgo ideológico:
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Inexistencia histórica de distorsiones: Remarcó que la Ley de Tierras fue sancionada recién durante el kirchnerismo y apenas lleva 15 años de vigencia. «En 160 años de historia constitucional sin esta ley, solo el 5% o 6% de la tierra estuvo en manos de extranjeros», precisó.
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El obstáculo de la Patagonia y el Norte: Cacace explicó que el límite actual de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o equivalentes) paraliza sectores estratégicos. En la Patagonia, por la aridez del suelo, o en el litoral para la industria forestal, un proyecto económicamente viable requiere extensiones de 60.000 a 70.000 hectáreas.
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Triangulaciones y desincentivo: Ante la prohibición de compra directa, a los inversores extranjeros se les sugiere acudir a figuraciones o sociedades locales. «Cuando alguien de afuera escucha eso, dice: ‘¿Tan complicado es invertir en Argentina?’. Y directamente no viene», fundamentó.
Soberanía vs. Propiedad: la aclaración jurídica
El dirigente puntano hizo hincapié en la confusión conceptual entre la titularidad dominial del suelo y la soberanía estatal sobre el territorio nacional:
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Control estatal garantizado: La propiedad de la tierra no altera el poder del Estado sobre el territorio, el ejercicio de las fuerzas de seguridad ni el cumplimiento del Código Civil, incluyendo la facultad de expropiación.
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Los recursos naturales son públicos: Cacace recordó que el comprador de un terreno no pasa a ser dueño de las riquezas del subsuelo ni del agua: «Quien compra una propiedad no es dueño del petróleo, el gas o los minerales. Todos esos recursos pertenecen al Estado nacional o a las provincias».
La traba en las zonas de frontera: el caso de las provincias vecinas
Cacace sumó críticas a la vigencia del decreto de 1944 sobre zonas de seguridad de frontera, que aplica restricciones severas a franjas de hasta 150 kilómetros de radio respecto del límite internacional:
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Explicó que este criterio abarca la totalidad de Tierra del Fuego o casi toda la provincia de Misiones y zonas clave de Formosa y Corrientes.
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Efectos en la producción real: Reveló el reclamo transmitido por autoridades locales como el intendente de Santo Tomé (Corrientes), donde productores brasileños que cultivaban arroz y soja debieron abandonar la región debido a la imposibilidad legal de poseer la tierra donde producían.
Autocrítica en la estrategia de comunicación
Frente a la confirmación de que el capítulo sobre la Ley de Tierras no logrará los consensos inmediatos en la Cámara Alta dentro del tratamiento parlamentario, Cacace reconoció que el Gobierno nacional debe revisar su abordaje hacia la opinión pública:
«Ganó ese discurso del pánico al extranjero. Desde luego que vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor por comunicarlo mejor de acá en adelante, exponiendo los casos concretos e insistiendo en que el respeto absoluto a la propiedad privada es el único camino para que lleguen grandes inversiones», concluyó.
(Fotografía de portada: Gentileza El Cronista / Captura de emisión)











