Investigan dos hechos de abuso sexual que derivaron de un embarazo cuando la victima tenia 13 años
Un hombre de 33 años fue privado de la libertad luego de que la fiscal adjunta Mercedes García le formulara cargos por la presunta comisión de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas, en perjuicio de una adolescente. Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, los ataques habrían ocurrido cuando la víctima tenía entre 12 y 13 años y como consecuencia de los abusos denunciados, la adolescente quedó embarazada y posteriormente dio a luz a un niño.
La audiencia de imputación se desarrolló este martes ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quién ordenó la prisión domiciliaria para el imputado por un plazo de 60 días.
García, quien actuó como fiscal subrogante de la Fiscalía de Género N° 1, sostuvo que el imputado habría aprovechado la cercanía y la confianza que mantenía con el entorno familiar de la adolescente para acercarse a ella y establecer un vínculo en condiciones de marcada desigualdad.
Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos habrían comenzado a fines de 2024 y se habrían prolongado durante 2025. Entre los elementos probatorios mencionados por la Fiscalía se encuentran la denuncia, informes médicos y psicológicos, el testimonio brindado en Cámara Gesell, informes del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito y un estudio genético que confirmó el vínculo biológico entre el imputado y el niño.
Respecto de este último informe, la fiscal mencionó que “los resultados obtenidos son compatibles con la existencia de el vínculo biológico paterno de la muestra remitida e identificada como A.G.L. respecto de la muestra remitida e identificada como D.N.D. con una probabilidad de paternidad superior al 99,99%”.
A partir de estos elementos, la Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como abuso sexual con acceso carnal, en dos oportunidades, en concurso real con amenazas simples. Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por 60 días y de manera subsidiaria, requirió la prisión domiciliaria por el mismo plazo o, en su defecto, la prohibición de ingreso a la localidad donde residen la adolescente y su grupo familiar.
Por otra parte, solicitó la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba para recibir el testimonio de una familiar de la adolescente y la incorporación de nuevos informes escolares, sanitarios y testimoniales para avanzar en la investigación.
La defensora adjunta de Niñez N º 3, Belén Suárez, adhirió a la teoría del caso y a la calificación legal planteada por el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que los hechos no constituyeron un episodio aislado, sino que evidenciaron un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la adolescente, tanto por su edad como por la desigualdad física respecto del imputado.
Asimismo, destacó que el relato de la joven en Cámara Gesell permitió describir y ubicar temporalmente los episodios denunciados, y señaló que el informe profesional respaldó la consistencia de su testimonio. En función de la gravedad de los hechos, la evidencia reunida y los riesgos procesales para la adolescente y su hijo, la defensora solicitó que se dicte la prisión preventiva del imputado por el plazo de 90 días.
A su turno, el abogado defensor, Iván Coria, negó los hechos atribuidos a su defendido y cuestionó la existencia de amenazas, al considerar que se sustentan únicamente en el testimonio ofrecido en Cámara Gesell. Si bien no objetó el resultado del estudio genético, sostuvo que la prisión preventiva solicitada resultaba excesiva, argumentando que su representado siempre estuvo a derecho y compareció ante la Justicia cuando fue requerido. Además, mencionó las responsabilidades familiares y laborales del imputado y propuso, como alternativa, que se le imponga medidas morigeradas.
La decisión del juez
Al fundamentar su resolución, el magistrado consideró que la descripción de los hechos y los elementos probatorios presentados permitían tener por formalizada la imputación, aunque señaló que el cuestionamiento de la defensa respecto del delito de amenazas podrá ser revisado durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria. La medida establece que deberá permanecer en su domicilio, bajo controles periódicos del organismo correspondiente. Como excepción, podrá salir de lunes a viernes, entre las 7 y las 18 horas, exclusivamente para cumplir con su actividad laboral.
El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podrá dar lugar a una medida de coerción más gravosa, incluida la prisión preventiva.











