Poggi impulsa la minería como motor de desarrollo y crece el debate ambiental en San Luis
El gobernador Claudio Poggi abrió una nueva discusión en la provincia al ratificar que su gestión buscará impulsar el desarrollo minero como una de las actividades estratégicas para generar inversiones, empleo y diversificar la economía puntana. La definición no pasó inadvertida y encontró una rápida reacción de sectores ambientalistas que observan con preocupación el rumbo que podría tomar la actividad en los próximos años.
Días atrás, durante una entrevista televisiva, el mandatario fue categórico: “San Luis es una provincia minera” y aseguró que el Gobierno trabaja en un Plan Maestro Minero junto al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para conocer en profundidad el potencial geológico de la provincia. Además, adelantó que se potenciará la minería no metalífera y que también se estudiará el desarrollo de la minería metalífera.
Poggi vinculó esta política a una estrategia más amplia orientada a fortalecer la inversión privada y generar nuevos puestos de trabajo. Incluso sostuvo que especialistas consideran que la riqueza minera de San Luis podría llegar a ser superior a la de otras actividades tradicionales de la provincia.
Sin embargo, el gobernador remarcó que cualquier avance deberá respetar condiciones estrictas vinculadas al cuidado ambiental. “Si la minería metalífera no contamina nuestra agua y no la afecta, sí también vamos a desarrollar la minería metalífera”, afirmó. También señaló que cualquier proyecto deberá contar con la correspondiente licencia social y con controles que garanticen la protección del recurso hídrico, considerado estratégico para la provincia.
La preocupación de los sectores ambientalistas
Las declaraciones del mandatario llegaron en un contexto particular. Semanas atrás, el Gobierno provincial dispuso una reestructuración del área ambiental, eliminando la Secretaría de Ambiente como organismo independiente y redistribuyendo sus funciones dentro de otras áreas del Ejecutivo.
Esa decisión encendió señales de alerta entre organizaciones y asambleas socioambientales, que consideran que la pérdida de autonomía institucional podría debilitar los controles sobre futuras actividades productivas, especialmente aquellas vinculadas a la minería.
Desde esos sectores advierten que la discusión no pasa únicamente por la actividad minera en sí, sino por las garantías de control, transparencia y participación ciudadana que deberán existir ante cualquier proyecto de gran escala. Entre las principales preocupaciones aparecen la protección de las cuencas hídricas, el uso del agua y el impacto sobre los ecosistemas locales.
Un debate que recién comienza
La posición del Gobierno apunta a convertir a la minería en uno de los pilares de la economía provincial durante los próximos años, en línea con lo que ocurre en provincias vecinas donde la actividad ha ganado protagonismo.
Del otro lado, organizaciones ambientalistas sostienen que cualquier avance deberá estar acompañado por estudios independientes, mecanismos de control rigurosos y una amplia participación ciudadana.
Con la elaboración del nuevo Plan Maestro Minero y la intención oficial de promover inversiones, todo indica que el debate sobre minería, desarrollo económico y cuidado ambiental volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública de San Luis durante los próximos meses.