Diputados rechazó la Cuenta de Inversión 2.023 por el déficit de $93.125 millones.

Este miércoles la cámara baja rechazó por mayoría la Cuenta de Inversión de la gestión de Alberto R. Saá. Se trataron dos despachos, uno por mayoría (bloque oficialista y aliados) y otro por minoría (referentes de Alebrto R. Saá).

La oposición pidió que sean aprobadas y argumentó que los proyectos no fueron debidamente tratados en reunión de comisión y que faltó información. El oficialismo, en cambio, rechazó las cuentas del 2023 basándose en lo que analizó el Tribunal de Cuentas.

María Eugenia Gallardo, presidenta de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Economía y jefa de la bancada oficialista (Cambia San Luis-UCR), fue la encargada de argumentar el rechazo a la rendición de cuentas.

“Los fondos de los plazos fijos se encontraban afectados y no eran de libre disponibilidad”, dijo la diputada durante la intervención a  de lo expuesto por el albertismo sobre los certificados constituidos en bancos.

Gallardo también recordó el cuadro sobre el saldo del Tesoro que el Tribunal de Cuentas precisa en su dictamen y que semanas atrás se hizo público.  Allí, el organismo marca que al final del año pasado se contaba con $93.590 millones.

“Está conformado por todos los plazos fijos, títulos públicos, bonos, cuentas corrientes, moneda extranjera, está conformado por todos los recursos del Tesoro”, precisó y agregó que, en el caso de utilizarlos, “hubiera implicado no cumplir con los deberes de funcionario público o malversación de fondos, no puede darse otro destino que no sea el que la ley indica”.

¿Cómo estaban comprometidos estos recursos? De acuerdo al informe, un tercio ($25.159 millones) fue destinado al pago de fondos de terceros. Entre ellos, $9.093 anticipos financieros con acto administrativo dictado, aún no firme; $5.189 fondos de terceros; $8.690 cuentas no administradas por tesorería; $815 estampillas sin respaldo, no pertenecen al Gobierno; y $1.372 reapropiados 2023.

Otro tercio estuvo destinado al pago de cuentas afectadas con destino específico ($33.925 millones). Por ejemplo, el programa federal Incluir Salud, Incucai, Foprovi, entre otros. Y el tercio restante al pago de deudas ($27.892 millones). Estas son órdenes de pago sin pago y/o no conciliadas. Eran los cheques de pago a proveedores, deuda del Estado.

Para Gallardo: “la Provincia estaba literalmente en bancarrota”. “Cualquier tragedia, contingencia climática, con ese saldo no hubiese podido actuar. $5.510 millones, es realmente preocupante”, sostuvo.

“Esta Cuenta de Inversión nos mostró los datos con los que se fue diseñando un plan macabro, para dejar a esta Provincia fundida y a los sanluiseños cada vez más pobres. El desdoblamiento del pago de salarios tiene un gran responsable, y es Alberto Rodríguez Saá”, remató Gallardo.

Claudia Pinelli, presidente del bloque opositor, salió al cruce: «Nosotros no lo vemos como ella (Gallardo) lo ve (…)  No hemos tenido la información necesaria para llegar a esto, que hay un apuro, por eso se esta tratando sobre tablas, que hubiera sido mejor haberla tratado de manera correcta, pero también hubieron dos semanas de receso que no sabemos bien si la pidieron para poderse preparar porque la primera vez que hablamos no tenían ni idea de lo que era una cuenta de inversión».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, bajó del estrado de la presidencia y señaló que al igual que muchos diputados que estaban presentes, fue testigo de una reunión convocada por Rodríguez Saá en la que les dijo “que se iba a mandar un paquete de leyes que significaría el desguace de la Provincia, que la iba a detonar y así asfixiar a un gobierno elegido por el pueblo, generar la imposibilidad de disponer de fondos distribuyéndolos en distintos organismos y en menos de dos años tuviese que entregarlo”.

Leyes indicó que el dinero público que malgastó el exgobernador era equivalente “a un presupuesto anual completo de Salud, a dos de Educación y dos de Seguridad”. “¿Cuántas viviendas se podrían haber hecho, o móviles policiales se podrían haber adquirido? ¿Cuántas escuelas se podrían haber mejorado y copas de leche con esos $93 mil millones de déficit? La defensa técnica de las cuentas es muy importante pero es tan o más significativa la defensa política de los gastos, porque en definitiva es llevar a la práctica en cuánto mejoró o perjudicó a la gente el modo de invertir los fondos públicos”, expresó.

Además, señaló que a comienzos de 2023 el gobierno de Rodríguez Saá contaba con más de $100 mil millones, y al finalizar la gestión, “luego de malgastar las reservas, fondo anticrisis y venta de títulos públicos, quedaron sólo $5 mil millones de libre disponibilidad”.

“Casi como si el futuro y el destino de los puntanos no se hubiesen tenido en cuenta. Con mucha tristeza debo decir que se cambió por una decisión política con el único objetivo de condicionar y perjudicar a un gobierno que había sido elegido por el pueblo, por las manifestaciones en las urnas y voluntad popular”, lamentó Leyes.