El desafuero de Beltrán pone a Diputados ante una de sus votaciones más incómodas
El pedido de desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán ya está planteado por la Fiscalía y abrió una situación de fuerte tensión política e institucional en la Cámara de Diputados de San Luis. El legislador, imputado en la causa por presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix, podría quedar expuesto a una medida de prisión preventiva si la Legislatura habilita el avance de la Justicia.
Pero antes de que los diputados tengan que levantar la mano, hay una pregunta que todavía no tiene respuesta: cuándo llegará formalmente el pedido a la Cámara y con qué mayoría deberá ser aprobado.
El fiscal José Olguín solicitó el desafuero durante la audiencia en la que se ampliaron los cargos contra Beltrán y otros cuatro imputados. En el caso del legislador, el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, no puede resolver sobre una eventual prisión preventiva mientras permanezcan vigentes sus fueros.
Leyes: “Todavía no ha ingresado absolutamente ningún pedido de desafuero”
El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, confirmó que hasta este miércoles (ayer) el pedido judicial todavía no había ingresado formalmente.
“Todavía no ha ingresado absolutamente ningún pedido de desafuero”, señaló, según consignaron distintos medios provinciales.
Leyes explicó que, una vez que llegue el sumario, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y ser girado a la comisión que corresponda. Consultado sobre los tiempos, sostuvo que “una vez ingresado el sumario, se tiene que tratar en la próxima sesión”.
El titular de la Cámara evitó adelantar una posición personal sobre Beltrán. “Hay que evaluar lo que mande el fiscal”, señaló, y reconoció además que uno de los puntos que deberá determinarse es la mayoría necesaria para aprobar el desafuero.
“Se tomará la determinación de si tiene que ser con mayoría o con los dos tercios”, explicó.
En otras palabras, todavía no está cerrado ni el procedimiento político ni el número de votos que necesitará la medida.
El PJ ya rechazó el avance sobre los fueros
La primera definición partidaria fuerte llegó desde el Partido Justicialista.
En un comunicado titulado “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías constitucionales”, el PJ cuestionó la prisión preventiva dictada contra Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y rechazó expresamente el pedido para avanzar sobre los fueros de Beltrán.
El justicialismo calificó la prisión preventiva como un “ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar” y sostuvo que constituye un “gravísimo precedente institucional para San Luis”.
Sobre Beltrán, el partido cuestionó que se pretenda avanzar sobre sus fueros para colocarlo en condiciones similares a los demás imputados, pese a que no existe una condena.
El PJ también denunció una supuesta “connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que, según el partido, serían funcionales al poder político provincial. En ese marco, sostuvo que la Justicia “no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores”.
La incomodidad que atraviesa a la Cámara
El pedido de desafuero tiene una particularidad que excede la situación personal de Beltrán: obliga a los diputados a pronunciarse sobre la posibilidad concreta de que un integrante del propio cuerpo pierda sus fueros y pueda terminar detenido.
Y esa situación genera incomodidad incluso entre legisladores que no forman parte del bloque justicialista.
En una conversación privada con este medio, un diputado provincial —cuya identidad se mantiene en reserva— reconoció la sensibilidad que genera el escenario.
“Para mí es delicado mandar en cana a alguien”, expresó.
La frase fue acompañada por otra reflexión sobre la propia composición de la Legislatura: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.
Y luego, con una cuota de ironía, agregó: “Ahí casi toda la Cámara fueron funcionarios. Nos quedaríamos sin diputados”.
El comentario no constituye una posición institucional de la Cámara ni una acusación contra otros legisladores. Es, en cambio, una expresión privada que refleja la dimensión política que puede adquirir una votación en la que los diputados deberán decidir sobre los fueros de uno de sus pares, en una Legislatura donde buena parte de sus integrantes tuvo responsabilidades en distintos niveles de la administración pública.
A estas ideas se le suma la opinión de Alberto Leyes que si dio a los micrófonos periodísticos evitando fijar una postura sobre el caso y considerando que todavía hay “que evaluarlo” pero recociendo que el tratamiento de un desafuero puede resultar complejo para los propios legisladores. “Siempre es difícil”, manifestó, aunque aclaró que primero deberán analizar el contenido del pedido judicial antes de definir cómo proceder. “Hay que evaluar lo que mande el fiscal, ahí evaluaremos, se tomará la determinación de si tiene que ser con mayoría o con los dos tercios”, sostuvo.
La reforma constitucional aparece en el fondo de la escena
La conversación también expone otra preocupación: el tratamiento de la reforma constitucional, que está previsto para los próximos días.
El legislador consultado off the record manifestó inicialmente que ambos temas podrían ser tratados el mismo día dado que al parecer se necesitan los dos tercios de la cámara para ambos temas y planteó una hipótesis política: si el desafuero requiere una mayoría agravada, podría existir interés en que su tratamiento coincida con el debate de la reforma constitucional.
“Si realmente tienen intenciones de sacarle los fueros, te puedo asegurar que lo van a querer meter el mismo día”, sostuvo.
Y explicó su razonamiento: “Porque supongo que sacar los fueros debe exigir los 2/3”.
A partir de allí apareció la expresión que resume su lectura del escenario: “Van a querer hacer un 2×1”.
El diputado no presentó esa posibilidad como información confirmada ni aseguró que exista una decisión del oficialismo en ese sentido. De hecho, durante la conversación dejó expresamente planteado que se trataba de una interpretación personal sobre lo que podría ocurrir.
La coincidencia entre ambos debates, sin embargo, tendría una consecuencia política evidente: la Cámara podría quedar obligada a discutir simultáneamente una reforma institucional de enorme alcance y el desafuero de uno de sus propios integrantes.
Una causa que ya llegó al corazón de la política
La causa Molino Fénix dejó de ser solamente un expediente judicial.
La prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y el pedido de desafuero de Beltrán colocaron nuevamente bajo la lupa a dirigentes vinculados con la anterior administración provincial y trasladaron la discusión directamente al recinto legislativo. La investigación contempla acusaciones por asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia, mientras la Fiscalía estima un perjuicio superior a los $900 millones.
En el caso de Beltrán, la diferencia es institucional: es diputado y, por lo tanto, la Justicia necesita que la Cámara se pronuncie antes de poder avanzar sobre su libertad.
Por ahora, los tiempos dependen de la llegada formal del expediente.
Después vendrá la política.
Y allí la discusión ya no será solamente jurídica. Los diputados tendrán que decidir qué hacen con los fueros de un colega, mientras el PJ anticipó su rechazo, la conducción de la Cámara pide analizar primero el expediente y dentro del propio cuerpo comienzan a aparecer expresiones de preocupación por una situación que, por sus características, toca uno de los nervios más sensibles de cualquier Legislatura: qué ocurre cuando la Justicia pide que sean los propios legisladores quienes habiliten el camino hacia la prisión de uno de sus pares.
La votación, cuando llegue, tendrá un componente judicial. Pero difícilmente pueda evitar tener también un costo político.