Es Ley: Diputados aprobó la nueva estructura de Ministerios en una sesión marcada por críticas de la oposición

Con el voto mayoritario del interbloque oficialista y sectores aliados, la Cámara Baja convirtió en ley la readecuación funcional del Poder Ejecutivo. El bloque Justicialista votó en contra denunciando una «falsa austeridad» por la cantidad de funcionarios, mientras que los defensores de la norma destacaron que se trata de un ordenamiento político eficiente sin impacto en los servicios esenciales.

En una jornada de alta intensidad política y prolongados debates parlamentarios, este miércoles la Cámara de Diputados de San Luis le dio sanción definitiva al proyecto de ley que establece la nueva organización funcional del Poder Ejecutivo Provincial. La iniciativa, que ya contaba con el visto bueno del Senado, se aprobó por mayoría gracias al peso numérico del interbloque oficialista (Ahora San Luis) y bancadas aliadas, mientras que el bloque del Frente Unidad Justicialista (PJ) cerró filas en el rechazo.

Más allá del resultado numérico, que no deparó sorpresas dado el escenario de fuerzas en el recinto, la sesión estuvo signada por un clima tenso y cruces dialécticos donde la oposición y el oficialismo se sacaron chispas, exponiendo visiones diametralmente opuestas sobre la administración del Estado y el rumbo económico.

La defensa oficial: Eficiencia, control y transparencia

El eje de la defensa del proyecto estuvo centrado en la necesidad de dotar al gobernador Claudio Poggi de una estructura más ágil y adaptada a los desafíos financieros actuales. La diputada oficialista Eugenia Gallardo, una de las voces principales al momento de argumentar el proyecto, remarcó que las modificaciones introducidas buscan potenciar la eficiencia en la gestión pública.

Gallardo subrayó que la normativa promueve una optimización de los recursos y un esquema de control más riguroso sobre las diferentes áreas de gobierno. Según la legisladora, lejos de significar un incremento innecesario, la ley representa un ordenamiento técnico que permitirá responder con mayor velocidad a las demandas sociales prioritarias en un contexto macroeconómico complejo.

En una sintonía aliada, el diputado Walter Córdoba (representante del departamento Belgrano por su bloque unipersonal) respaldó firmemente la propuesta diferenciando los tipos de políticas de ajuste. «Existen dos tipos de motosierra. Hay una motosierra social, que es la que está aplicando el Gobierno Nacional sobre la salud, los jubilados y la obra pública. Y este proyecto de ley es la motosierra política que creo que es la que pedía la gente», disparó. Córdoba celebró que la reforma «no hace un recorte sobre el funcionamiento del Estado provincial, sino que simplemente lo hace sobre la política», priorizando el interés local. No obstante, dejó un mensaje de alerta hacia la ciudadanía: «No es compatible una política de vivienda, de educación y de obra pública como la que desarrolla el gobierno provincial, con las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei».

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La contraofensiva del PJ: Denuncia de «hipertrofia» y más cargos

Desde la vereda de enfrente, el Justicialismo fundamentó su voto negativo atacando el corazón del discurso gubernamental de la austeridad. El diputado Lucas Caime fue el encargado de estructurar las críticas más duras del bloque opositor, cuestionando en primera instancia el apuro por tratar una reforma estructural sobre tablas y de urgencia en lugar de desmenuzarla en comisiones.

«Esta ley de ministerios hace hincapié en una hipertrofia burocrática de manera permanente, en un derroche de los recursos públicos y en el desorden institucional. Proponen la creación de 14 cargos funcionales con rango y sueldo ministerial», denunció Caime.

Para sostener su postura, el legislador expuso una comparación con otros distritos del país: «Provincias como Mendoza tienen 7 ministerios y funcionan de manera correcta; Santa Fe funciona de la misma forma con 8 ministerios. Nosotros estamos casi a la altura de una provincia como Buenos Aires en la cantidad de funcionarios». Además, aportó datos de proporcionalidad técnica en base al electorado local: «La cantidad de funcionarios en el Ejecutivo provincial no debería ser superior a 680. Hoy estamos alrededor de los 2.000 funcionarios. Nos llama la atención que nos hablen de austeridad cuando nosotros creemos que hay una falsa austeridad».

Clima caliente y pases de factura

El recinto de la Legislatura se convirtió por momentos en un escenario de acusaciones cruzadas. El PJ aprovechó para reprocharle al oficialismo el alineamiento político y económico con las medidas nacionales y el impacto de la recesión en los bolsillos sanluiseños. Por su parte, los legisladores que responden al Ejecutivo provincial no tardaron en recordar «la pesada herencia» institucional y el desorden en las cuentas públicas recibido de la gestión anterior, justificando que las herramientas solicitadas por el Gobernador son indispensables para reconstruir el tejido administrativo de San Luis.

Con la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo provincial cuenta finalmente con el andamiaje legal para poner en funciones de manera plena el nuevo organigrama ministerial, cerrando el capítulo legislativo y abriendo paso a la ejecución de la nueva estructura de gabinete.