Los Molles: Prisión preventiva para la mujer investigada por el homicidio de su pareja

Este miércoles se reanudó una audiencia de formulación de cargos en el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, en la que el Juez Juan Manuel Montiveros Chada resolvió admitir la acusación presentada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 contra Mónica Mariela Barrientos, imputada por el homicidio de su pareja, José Domingo Arce. Además, dispuso la prisión preventiva de la mujer por un plazo de 60 días.

La audiencia había sido suspendida días atrás, cuando la defensa, a cargo de los abogados Hugo Salvador Scarso y Carlos Gabriel Varela, solicitó la prórroga constitucional de ocho días para analizar la situación procesal de su defendida. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva por 120 días.

Durante la reanudación del debate, la defensa presentó testimonios recolectados durante la prórroga. Se trata de declaraciones de familiares que estuvieron presentes al momento del hecho, quienes afirmaron que Barrientos fue víctima de violencia de género a lo largo de la convivencia, especialmente en contextos de consumo problemático de alcohol por parte de Arce. Según estos testigos, la noche del crimen Barrientos se habría defendido de una agresión, resultando con un golpe de puño en el rostro que le provocó sangrado nasal, además de heridas defensivas en los brazos.

Los defensores también hicieron referencia a denuncias previas por violencia de género realizadas por la imputada y solicitaron que se le conceda la prisión domiciliaria. En ese marco, pidieron que el caso sea analizado con perspectiva de género, al tratarse de un contexto de violencia prolongada. Además, resaltaron que la mujer se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento y que cuenta con el acompañamiento de su entorno familiar.

Tras escuchar a las partes, el juez Montiveros Chada resolvió admitir la acusación y dictar la prisión preventiva por 60 días, al considerar que ese plazo será suficiente para completar las medidas probatorias pendientes.

Sobre el pedido de prisión domiciliaria, el magistrado recordó que los operadores del sistema judicial tienen el mandato constitucional de aplicar la perspectiva de género cuando las circunstancias del caso así lo exigen. No obstante, aclaró que la medida alternativa sólo será viable si se garantizan condiciones adecuadas para la protección psicofísica de la imputada, al considerar que el fallecimiento de la víctima podría desencadenar situaciones de conflicto familiar que la podrían poner en riesgo. Para avanzar sobre esa posibilidad, solicitó la elaboración de un informe socioambiental, la evaluación médica de la imputada y la factibilidad de implementar un dispositivo de tobillera electrónica.

EL HECHO INVESTIGADO

El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda ubicada en calle Algarrobo, kilómetro 21, en la zona de Los Molles, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis. Barrientos fue detenida el domingo 21 por la tarde y permanece bajo investigación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer habría atacado a su pareja con una botella de vidrio rota tras una discusión durante la cena. El conflicto se habría producido entre las 21 y las 22 horas, en el marco de una pelea con consumo previo de alcohol. Arce intentó protegerse cubriéndose el rostro con los brazos, pero recibió dos heridas cortantes graves, una en cada antebrazo. La lesión más profunda, de 7 centímetros, en el brazo izquierdo, provocó una hemorragia externa letal.

La autopsia realizada por la médica forense Patricia Gallardo confirmó que las heridas podrían ser de carácter defensivo, dada su ubicación. En el domicilio se hallaron botellas de cerveza rotas y un cuchillo con manchas de sangre, elementos que fueron secuestrados para su análisis.

¿QUÉ SIGNIFICA EL “MANDATO CONSTITUCIONAL DE APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”?

El mandato constitucional hace referencia a la obligación que tienen los jueces y operadores judiciales de cumplir con normas de rango constitucional, como los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional (por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW). Estos instrumentos exigen que se incorpore una perspectiva de género en todas las actuaciones judiciales, especialmente cuando se analiza la situación de mujeres involucradas en hechos de violencia.

¿QUÉ IMPLICA APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Este enfoque no implica impunidad, o poner a la mujer en una posición privilegiada en relación a un hombre, aplicar perspectiva de género en el ámbito judicial implica:

Reconocer las desigualdades estructurales e históricas que afectan a las mujeres, particularmente en contextos de violencia doméstica.

Analizar los hechos en su contexto, considerando si la imputada actuó en legítima defensa luego de sufrir agresiones reiteradas.

Evitar decisiones basadas en estereotipos de género o criterios discriminatorios.

Garantizar condiciones diferenciadas si corresponde, como el acceso a prisión domiciliaria en casos donde se demuestre que la mujer actuó bajo un contexto de violencia de género.