Vendió una propiedad ajena y lo imputaron por presunta estafa

Lo que comenzó como una supuesta oportunidad inmobiliaria terminó en una formulación de cargos contra un hombre de 29 años por la presunta venta de una propiedad ubicada sobre calle Don Bosco, en la ciudad de San Luis. Este miércoles, la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, imputó a Brian Quevedo, por el delito de estafa y dio inicio formal a la investigación penal preparatoria en una causa donde se habría vendido un inmueble que pertenecía a una herencia en trámite y sobre el cual el vendedor no tenía ninguna facultad legal.

La audiencia se realizó ante la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó. Según la teoría del caso de la Fiscalía, el imputado vendió el 23 de agosto de 2021 un inmueble identificado como parcela 31 a un comprador, pese a no contar con ninguna autorización legal para disponer del bien. La propiedad formaba parte de una herencia en trámite judicial y pertenecía a los herederos de sus titulares registrales fallecidos.

“No obstante, Quevedo celebró un boleto de compraventa, con fecha 23 de agosto del 2021 ante escribana pública, fijando un precio además irrisorio de 500 mil pesos, logrando de este modo un perjuicio patrimonial para la víctima y un beneficio económico indebido para sí. Vendió un bien ajeno”, explicó Roy Gitto.

La fiscalía sostuvo que el acusado carecía de poder, cesión de derechos hereditarios o cualquier instrumento válido que lo habilitara a concretar la operación, por lo que la maniobra constituye una “venta de cosa ajena” basada en el engaño. En ese sentido, se encuadró el hecho en el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal argentino.

Además del comprador, se identificaron otros damnificados, entre ellos una de las herederas del inmueble y un vecino que habría visto afectada su propiedad como consecuencia de la operación, derivando incluso en una situación de ocupación indebida.

“La venta de cosa ajena, configure el delito de estafa y además el engaño que hubo desde el inicio. Consiste en hacerme creer falsamente a la persona que compre que tiene derecho a disposición del mismo”, agregó la fiscal.

Entre las pruebas reunidas, la fiscalía mencionó el boleto de compraventa, testimonios de herederos y testigos, documentación notarial, planos de mensura y denuncias vinculadas al caso.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de 60 días para completar la investigación y planteó la posibilidad de explorar salidas alternativas, como una conciliación o una reparación integral del daño, antes de avanzar a juicio.

En cuanto a las medidas de coerción, se pidió la fijación de domicilio y la obligación de firmar mensualmente ante el tribunal. La Fiscalía también informó que se trata de una causa residual en la que también se formularon cargos contra otra persona vinculada al hecho.

El abogado de la querella, Raúl Saravia, adhirió a lo expresado por la fiscal, pero pidió ampliar la imputación al delito de fraude.

La jueza Banó tuvo por formalizada la investigación penal contra Brian Quevedo por el presunto delito de estafa, conforme la calificación provisoria planteada por la fiscalía.

Asimismo, dispuso medidas de coerción consistentes en la fijación de domicilio y la obligación de presentarse a firmar mensualmente ante la Fiscalía durante el plazo de 60 días que durará la etapa de investigación, y deberá informar cualquier cambio de domicilio.