Sospechan que cerca de medio millón de pensiones podrían ser “truchas”.

En un operativo realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad en colaboración con el Ministerio de Seguridad, se detuvieron a 14 prófugos de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral.

En un operativo realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en colaboración con el Ministerio de Seguridad, se detuvieron a 14 prófugos de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral. Entre los detenidos, algunos tenían antecedentes penales graves, incluyendo causas por robo agravado y tentativa de violación.

ANDIS informó que, tras identificar a los beneficiarios prófugos, se convocó a quienes residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires (PBA) para llevar a cabo la auditoría correspondiente. «Se inició el procedimiento de baja inmediata de las pensiones que recibían del Estado Nacional, como parte de un esfuerzo más amplio para combatir la impunidad y el uso indebido de recursos destinados a personas con discapacidad laboral», informaron en un comunicado.

El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la baja de 200 mil pensiones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia. Este número podría aumentar a medida que finalice el proceso de auditorías de las 1.250.000 asistencias que se otorgan actualmente. Spagnuolo indicó que se están haciendo esfuerzos para optimizar el sistema, que, según él, es inviable en su estado actual.

Desde diciembre de 2023, la administración del presidente Javier Milei recibió 20.000 nuevos pedidos de pensiones y tiene en estudio 600.000 casos. La asistencia actual establece una cobertura de $220.024, lo que representa aproximadamente el 70% de una jubilación mínima. Además, ANDIS redujo el porcentaje de discapacidad requerido por beneficiario, que anteriormente alcanzaba el 76% y ahora es del 66%.

El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Sospechan que cerca de medio millón de pensiones podrían ser “truchas”.

Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni: “A diciembre de 2023 la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.

Durante la entrevista, Spagnuolo también mencionó que las auditorías revelaron irregularidades en el otorgamiento de pensiones, particularmente en provincias como Chaco, La Rioja, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, que serán las primeras en ser auditadas. Los requisitos para la obtención de una pensión se han restringido, estableciendo que los solicitantes deben ser argentinos o, en el caso de extranjeros, tener una residencia de al menos 10 años y no estar en conflicto con la Justicia.

ANDIS inició auditorías «caso por caso» de las asistencias otorgadas en los últimos cuatro años y planea revisar todas las ayudas registradas, con resultados esperados para mayo de 2025. Spagnuolo destacó que, en gestiones anteriores, el proceso para obtener pensiones era demasiado laxo, lo que permitía la emisión de certificados de forma irregular.

Por último, se mencionó que hay una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y su antecesor, Fernando Galarraga, relacionada con la gestión de las pensiones. En el marco de estos esfuerzos, el Gobierno busca controlar y transparentar el sistema de pensiones para garantizar que los recursos se destinen adecuadamente a quienes realmente los necesitan.

JD / cp

PERFIL

 

Insólito: denunciaron que 150 personas fallecidas cobraban pensiones por discapacidad

El gobierno continúa con la investigación interna sobre la quinta caja más importante del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad. La justicia investiga cómo funcionaba el «negocio» de la discapacidad, ocasionando una pérdida de 1,355 millones de pesos al año.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzó datos con el padrón del ex ministerio del Interior y se encontró con que 150 personas que habían muerto hasta cinco años atrás cobraban una pensión por discapacidad.

En esa misma línea, semanas atrás, la agencia había detectado que 212 pensionados estaban presos. O sea, procesados y condenados recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales de Comodoro Py.

A pesar de los controles internos, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad recibieron feroces críticas desde los medios de comunicación alineados con el kirchnerismo por el “recorte en las pensiones”.

Pero según Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, el último año del gobierno de Alberto Fernández, la inflación fue del 211,4%, pero los aumentos a prestadores solo alcanzaron el 82,50%. O sea, quedaron 129 puntos por debajo de la inflación. Sin embargo, los prestadores no se movilizaron hasta febrero de 2024 tras el cambio de autoridades en la ANDIS.

Este año, primer año del gobierno de Javier Milei, “con una inflación acumulada del 107%, la nueva gestión otorgó aumentos por un 99,11%, quedando solo 8 puntos por debajo. A pesar de esto, ya se realizaron dos movilizaciones contra la gestión”, explican las autoridades de ANDIS a la Agencia Noticias Argentinas.

Se acusa a la nueva gestión de ANDIS de realizar «recortes», pero la primera acción fue convocar al directorio y establecer aumentos, agregan mientras presentan documentación sobre las últimas irregularidades encontradas al cruzar los datos de los beneficiarios de pensiones por invalidez.

Una auditoría de ANDIS detectó 150 beneficiarios fallecidos que figuraban con prestaciones activas, algunos con hasta 1.800 días de fallecimiento. Esto significa, casi cinco años después de fallecer, alguien cobró, durante ese tiempo, una pensión por invalidez. El fraude provocó un costo, aproximado, de 1.355 millones de pesos. Ese dinero fue cobrado por 102 instituciones prestadoras en todo el país.

Hasta el momento, el gobierno procedió a la baja directa de estos beneficiarios. No sólo de los últimos casos que involucran a personas fallecidas sino también a los presos que recibían pensiones. 

Entre los casos más llamativos se encuentra el de un hombre de 40 años, residente en La Matanza. Había recibido una pensión solo tres días después de iniciar el trámite el 28 de noviembre de 2023, incluso a pesar de que su auditoría médica resultó desfavorable, indicando que no cumplía con los requisitos necesarios.

En las investigaciones se repiten las autorizaciones realizadas por Paula Martínez, la ex directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica. Manejó 3400 millones de dólares en la asignación de pensiones por invalidez en todo el país. Era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. 

Durante su gestión, se entregaron 300 mil nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Alberto Fernández.

El fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles.

Noticias Argentinas