Entró en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil: claves y alcances del régimen para menores
Desde el 5 de septiembre se encuentra formalmente en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil, un marco normativo que establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. La jueza Penal Juvenil y Contravencional de la ciudad de San Luis, Ivana Benenati, detalló los aspectos centrales de la normativa nacional, cuyo foco está puesto en la reinserción, la prevención y la gradación de las penas.
Un régimen especializado para jóvenes de 14 a 18 años
La nueva legislación busca dar una respuesta diferenciada al abordaje de las infracciones cometidas por adolescentes, distanciándose del sistema punitivo aplicable a los adultos. El objetivo principal de este nuevo esquema es promover la responsabilización del menor, la reparación del daño y la aplicación de medidas pedagógicas y comunitarias por sobre el encierro.
Según explicó la jueza Ivana Benenati, jueza penal, juvenil y contravencional de la ciudad de San Luis, el sistema establece criterios claros y escalonados para la aplicación de las sanciones según la entidad de los delitos cometidos:
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Delitos leves (penas de hasta 3 años): La ley prohíbe taxativamente la aplicación de prisión efectiva. En su lugar, el fuero penal juvenil aplicará medidas alternativas como amonestaciones, inclusión en programas educativos, realización de trabajos comunitarios, prohibición de acercamiento o contacto con la víctima y monitoreo electrónico.
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Delitos medios (penas de más de 3 y hasta 10 años): Se contemplan y priorizan medidas alternativas a la prisión, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos procesales, de conducta y evaluación interdisciplinaria.
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Delitos graves (penas superiores a 10 años): En los casos de extrema gravedad, se habilita la condena a prisión efectiva, la cual tendrá un tope o límite máximo de 15 años.
Prohibición de la prisión perpetua
Un punto destacado de la reforma es la incorporación expresa de la prohibición de aplicar prisión perpetua a menores de edad, adaptando la normativa a los estándares de tratados internacionales de derechos humanos. De esta forma, se garantiza que toda sanción impuesta conserve un horizonte de reinserción social y desarrollo para el adolescente.
Con la entrada en vigencia de este régimen, el Poder Judicial busca consolidar un abordaje integral, moderno y restaurativo ante la problemática de la delincuencia juvenil en Argentina
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