Investigan si un hombre forzó a su ex pareja a que abortara
Rolando Alejo Olguín es investigado por haber obligado presuntamente a su expareja a ingerir medicación que provocó la interrupción de un embarazo de casi ocho semanas que ella había manifestado su decisión de continuar. También se le atribuye una agresión física ocurrida horas después, cuando la mujer sufría pérdidas de sangre.
La Fiscalía de Género N° 2 formuló cargos por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento”, y solicitó 120 días de prisión preventiva. La defensa pidió la prórroga constitucional de ocho días, por lo que la situación procesal del imputado será resuelta cuando se reanude la audiencia.
La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, mientras que Olguín fue asistido por el abogado Alfredo García Garro.
Según expuso la fiscalía, Olguín y la mujer habían mantenido una relación de pareja durante aproximadamente cinco años, con períodos de convivencia, separaciones y posteriores reanudaciones del vínculo. Las rupturas estuvieron vinculadas, entre otras circunstancias, a episodios de violencia y que la separación definitiva se produjo el día en que ella realizó la denuncia.
El primero de los hechos investigados ocurrió el 17 de agosto de este año. Días antes, ambos habían concurrido a un centro asistencial. La mujer cursaba un embarazo de casi ocho semanas y había manifestado su intención de continuarlo, mientras que Olguín insistía de manera permanente en que lo interrumpiera.
Durante la consulta, una profesional les brindó asesoramiento e indicó y proporcionó a la mujer medicación utilizada para la interrupción del embarazo, explicándole el procedimiento y que debía utilizarla en caso de estar segura de esa decisión.
Durante la madrugada del 17 de agosto, la mujer volvió a manifestarle expresamente a Olguín que quería continuar con el embarazo. Sin embargo, según el relato de la Fiscalía, el imputado comenzó a insistir para que tomara la medicación y se produjo una fuerte discusión. En ese contexto, habría arrastrado a la mujer por la fuerza hasta el baño y, valiéndose de su superioridad física, le habría colocado parte de las pastillas debajo de la lengua.
Ella intentó evitarlo, pero no pudo oponerse debido a la fuerza física utilizada. Alrededor de las 9 de la mañana, Olguín habría repetido la conducta. Posteriormente, la mujer comenzó a sentir un intenso dolor uterino y se produjo la pérdida del embarazo.
Horas más tarde habría ocurrido el segundo hecho investigado. La mujer advirtió que no tenía las llaves de su vivienda y regresó hasta la casa de Olguín porque, según manifestó, él se había quedado con ellas. Cuando llegó al lugar, el imputado habría reaccionado violentamente, la golpeó en la cabeza y la llevó a tirones y golpes hacia un sector ubicado al costado de la Comisaría Sexta.
La mujer le habría pedido que dejara de agredirla debido a su estado físico y a las pérdidas de sangre que sufría. Finalmente, corrió hacia la entrada de la dependencia policial para resguardarse. Una cámara de seguridad registró el procedimiento de aprehensión de Olguín y, según indicó la Fiscalía, fue necesario solicitar refuerzos policiales.
Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran informes médicos que constataron lesiones en el cuero cabelludo, una pierna y ambos muslos. Otro examen consignó un golpe en la región occipital, escoriaciones, hematomas y hemorragia genital activa.
También se incorporaron registros de la Maternidad Teresita Baigorria. Una ecografía practicada el 18 de agosto determinó un aborto incompleto. La investigación cuenta además con material biológico entregado por la mujer y resguardado mediante el correspondiente procedimiento de cadena de custodia.
La Fiscalía informó además que existe un reporte del Centro de Asistencia a la Víctima que calificó la situación como de “riesgo alto” y constancias de otra causa del fuero de Familia vinculada a denuncias por violencia familiar.
Al fundamentar el pedido de 120 días de prisión preventiva, las fiscales señalaron la existencia de riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, además del riesgo para la víctima.
También informaron que Olguín registra una condena firme, dictada en diciembre de 2018, a cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía sostuvo que ese antecedente y la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo en la causa actual incrementan el riesgo de fuga.
Por su parte, el abogado Alfredo García Garro solicitó la prórroga constitucional de ocho días prevista en el artículo 40 del Código Procesal Penal.
El juez Juan Manuel Montiveros Chada hizo lugar al pedido de la defensa y concedió la prórroga. De esta manera, la audiencia continuará una vez cumplido ese plazo, oportunidad en la que deberá resolver sobre la formulación de cargos y el pedido de 120 días de prisión preventiva realizado por la Fiscalía.