Es ley la necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial
La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial, con 30 votos a favor y 13 en contra. La iniciativa habilita la convocatoria a una Convención Constituyente que tendrá a su cargo discutir modificaciones en los tres poderes del Estado, el sistema electoral, la Justicia, el agua, la educación, los organismos de control y nuevos derechos vinculados a la tecnología.
La reforma de la Constitución de San Luis dejó este miércoles de ser una posibilidad para convertirse en un proceso institucional concreto. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Carta Magna provincial, vigente desde 1987.
La votación terminó con 30 votos afirmativos y 13 negativos, superando la mayoría especial requerida para habilitar el proceso. La iniciativa ya había obtenido media sanción del Senado el pasado 18 de agosto.
Ahora comenzará una nueva etapa: la elección de 52 convencionales constituyentes, que serán los encargados de debatir y eventualmente aprobar las modificaciones dentro de los temas expresamente habilitados por la ley.
El vicegobernador Ricardo Endeiza calificó la sanción como “un hecho histórico” y remarcó que la Constitución provincial no se modifica desde hace casi cuatro décadas. También aclaró que la ley aprobada no reforma por sí misma la Constitución, sino que pone en marcha el procedimiento para que una Convención Constituyente pueda hacerlo.
Desde el oficialismo, el gobernador Claudio Poggi celebró la aprobación y sostuvo que la iniciativa busca “fortalecer una mayor institucionalidad en la provincia”, con modificaciones que alcanzan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Qué se podrá reformar?
El texto aprobado habilita la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos.
Uno de los puntos centrales es el establecimiento de un límite para la permanencia del gobernador en el poder: se propone que pueda ser reelegido una sola vez, tanto en períodos consecutivos como alternados. Además, el período 2023-2027 será computado como el primero a los efectos de esa limitación.
También se habilita la incorporación del balotaje para gobernador y vicegobernador, modificaciones en el Consejo de la Magistratura, cambios en el Ministerio Público y nuevas reglas para los organismos de control.
En materia electoral aparece uno de los puntos más controvertidos: la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. Diputados y senadores pasarían a renovarse íntegramente cada cuatro años, coincidiendo con la elección de gobernador.
La transición contempla que los legisladores elegidos en 2025, cuyos mandatos originalmente terminan en 2029, permanezcan hasta 2031.
Precisamente allí estuvo uno de los principales cuestionamientos del PJ.
La diputada Fabiana Zárate, miembro informante del proyecto, explicó que la aprobación legislativa no implica reformar directamente la Constitución, sino declarar la necesidad y conveniencia de hacerlo y delimitar los temas sobre los que podrá pronunciarse la Convención Constituyente, tal como establece el artículo 281 de la Carta Magna provincial. Para que esa declaración sea aprobada, se requiere el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura y la ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.
El esquema aprobado contempla la modificación de 23 artículos de la Constitución, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos; y la Convención que lo analizará estará integrada por 52 convencionales elegidos por el pueblo en la próxima elección provincial general.
Antes de su tratamiento en el recinto, el proyecto fue analizado durante ocho reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria del Senado, de las que participaron el vicegobernador y presidente del Senado, Ricardo Endeiza; el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes; senadores y diputados provinciales; el abogado Cristian Altavilla; el director general de Enlace Parlamentario de la Provincia, José Giraudo; la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso; el procurador general de la Provincia, Eduardo Cadelago Filippi; y la defensora general de la Provincia, Marcela Torres Cappiello. En el último encuentro también participaron autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de San Luis.
Uno de los principales cambios habilitados es la modificación del artículo 147 para establecer la prohibición absoluta de reelección después de dos períodos consecutivos o alternados para quien ocupe la Gobernación. Además, el período constitucional 2023-2027 será computado como primer mandato a los efectos de esta limitación.
“El objetivo transversal de la propuesta de reforma es la limitación del poder, que se relaciona con el fortalecimiento de las instituciones, evitar la perpetuidad en el poder y, fundamentalmente, posibilitar la alternancia y la presentación de cuadros dirigenciales que accedan efectivamente a los cargos públicos”, sostuvo Zárate.
La legisladora también citó estudios realizados por la Universidad Nacional de San Luis que señalan que la permanencia prolongada en el poder “puede favorecer la confusión entre los recursos públicos y privados, mecanismos clientelares y una asimetría electoral entre quienes administran el Estado y las demás fuerzas políticas”. Zárate también advirtió que la perpetuación puede debilitar los organismos de control y afectar la independencia del Poder Judicial.
La diputada Eugenia Gallardo hizo hincapié en que la cláusula transitoria computará el período constitucional 2023-2027 como primer mandato del gobernador Claudio Poggi, por lo que, en caso de concretarse la reforma, no podrá acceder a un tercer período. “Con esta reforma estamos diciéndole no al atornillamiento eterno en el poder y adiós al retorno perpetuo”, afirmó Gallardo.
“Hasta el momento de hoy, yo no conocía a ningún gobernante que no quisiera quedarse para toda la vida. Y hoy lo conocí: se llama Claudio Poggi”, expresó el diputado Víctor Moriñigo. Y remarcó que “en las últimas 29 constituciones que se reformaron en este país, 27 traían extensión de mandatos”.
La iniciativa habilita además la incorporación del sistema de doble vuelta o balotaje para gobernador y vicegobernador, con el objetivo de garantizar una mayor legitimidad popular de la fórmula electa.
El PJ rechazó la reforma y apuntó al calendario electoral
El bloque Frente Unidad Justicialista votó en contra y planteó reparos tanto sobre el procedimiento como sobre el contenido de la reforma.
La diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó especialmente el costo del proceso y sostuvo que el Gobierno prevé destinar $3.604 millones. “Vamos a reformar la Constitución, no es una ley común”, advirtió.
La legisladora también puso el foco en la extensión de los mandatos de quienes fueron elegidos en 2025: “Yo asumí el año pasado y la gente me votó por 4 años, no por 6”, sostuvo.
El argumento opositor es que eliminar las elecciones intermedias reduce una instancia de control ciudadano sobre los gobiernos y que no debería utilizarse una reforma constitucional para modificar los plazos de mandatos ya votados.
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La intervención de Walter Córdoba desde su monobloque aliado al oficialismo retrucando las opiniones del bloque PJ
En el marco del intercambio legislativo, el diputado Walter Córdoba, referente del monobloque aliado al bloque oficialista, tomó la palabra para responder de forma directa a las críticas vertidas por el PJ:
«Con respecto a esos reclamos de proscripción, la verdad que no son serios. No son serios porque tanto el Gobernador lo ha dicho públicamente, como acá la principal fuerza política de la Legislatura lo ha repetido varias veces. Solo el Gobernador se autolimita. Cualquier de los exgobernadores va a poder no solo participar en las elecciones del año que viene, sino que van a poder tener dos mandatos, así que los reclamos de proscripción la verdad que no son serios».
Prosiguiendo con su respuesta hacia la bancada justicialista, Córdoba cuestionó la falta de alternativas políticas dentro de la oposición:
«Llama mucho la atención que en 40 años de haber gobernado la provincia no tengan otro candidato que no sea Alberto Rodríguez Saá o alguno que ya haya sido gobernador. ¿En 40 años el Partido Justicialista no ha podido formar, no ha podido tener algún dirigente de peso, de calidad, que pueda ir a una elección como gobernador? ¿Que solamente puedan acudir al exgobernador Alberto Rodríguez Saá? Y además dan la elección por perdida».
En cuanto a los cuestionamientos de la oposición sobre si la reforma responde a una necesidad real de la ciudadanía, Córdoba remarcó:
«Decir que no es una necesidad que estén reclamando los ciudadanos la verdad que no tiene asidero, porque sí, la ciudadanía está reclamando una reforma a la Constitución por lo menos en algunos aspectos. Por ejemplo, las vacaciones de los legisladores hemos tenido muchos reclamos de la ciudadanía y no se puede hacer por ley, solamente reformando la Constitución. Igualmente el límite de 75 años para los jueces, ¿cómo no nos vamos a oponer?».
Finalmente, el legislador se dirigió con dureza a los diputados del PJ respecto a la polémica por la prórroga de los mandatos legislativos para unificar comicios:
«Con respecto a la prórroga de dos años con respecto al mandato de los legisladores, yo espero que los que reclamaron ya tengan redactada la renuncia, porque si no sería de una deshonestidad intelectual muy importante. Sería muy deshonesto intelectualmente que no tengan la renuncia aquellos que estén reclamando la prórroga de los dos años».
Córdoba concluyó su intervención recordando el carácter soberano de la futura convención: «No vamos a ser nosotros los que vamos a reformar la Constitución, sino que van a ser los convencionales constituyentes elegidos por el voto popular el año que viene. Los temas planteados tranquilamente los pueden rechazar, modificar o plantear otros».
Agua, Justicia, tecnología y nuevos derechos
La reforma no se limita al funcionamiento de los poderes políticos.
Entre los cambios habilitados aparece la incorporación del agua como derecho humano y recurso estratégico, con la creación de un cargo técnico de rango constitucional para su administración.
También se plantea una nueva estructura para el Ministerio Público, modificaciones en el Consejo de la Magistratura y límites de edad para futuros integrantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal de Cuentas.
Otro capítulo novedoso apunta a las nuevas tecnologías: la propuesta incorpora principios vinculados con la identidad digital, inteligencia artificial, protección de datos personales, conectividad y acceso a la información pública.
También se habilita la creación de capitales alternas para descentralizar determinadas actividades del Gobierno provincial.
El oficialismo sostiene que el objetivo transversal es limitar la concentración del poder y fortalecer las instituciones. La oposición, en cambio, advierte que algunos cambios —en particular los electorales— tienen una fuerte incidencia política inmediata.
El próximo capítulo: la Convención Constituyente
Con la sanción de este miércoles, la discusión deja ahora el ámbito estrictamente legislativo y se traslada a la próxima etapa electoral.
Los ciudadanos deberán elegir a los 52 convencionales constituyentes que tendrán la responsabilidad de discutir los cambios habilitados por la ley. La Convención contará con un plazo de 60 días para desarrollar su tarea, con posibilidad de una prórroga de otros 30 días.
Así, la reforma constitucional entra oficialmente en territorio político-electoral. Y hay un dato que atraviesa todo el proceso: la nueva Constitución, si finalmente se aprueba, no solo modificará reglas institucionales para las próximas décadas; también redefinirá el modo en que San Luis elige, controla y limita a sus gobernantes.
La discusión que viene promete ser, probablemente, bastante más intensa que la votación de este miércoles. Porque ahora ya no se debate si habrá reforma: se empieza a discutir qué Constitución quiere San Luis.