La Justicia formuló cargos contra Viviana Moreyra por asociación ilícita, fraude y peculado
La Justicia de Villa Mercedes le formuló cargos a la exintendenta de Nueva Galia y esposa de Sergio Freixes en dos causas diferentes. La investigación por el Pueblo Ranquel la vincula con una presunta asociación ilícita y administración fraudulenta, mientras que otro expediente apunta a la falta de rendición de fondos públicos durante su gestión municipal.
La Justicia de San Luis avanzó este martes contra Viviana Moreyra, quien quedó formalmente acusada en dos causas que tramitan ante las Fiscalías de Instrucción N° 1 y N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.
Las audiencias se realizaron ante el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini, con la intervención de la secretaria Silvana Casini.
Moreyra, esposa del exministro de la Legalidad Sergio Freixes, fue acusada por distintos delitos vinculados con presuntas maniobras de administración irregular de fondos públicos.
La primera audiencia estuvo relacionada con la investigación por el manejo de recursos del Pueblo Ranquel, mientras que la segunda se centró en su desempeño como exintendenta comisionada de Nueva Galia.
Una presunta asociación para administrar fondos del Pueblo Ranquel
En la primera causa, la Fiscalía de Instrucción N° 1 formuló cargos contra Moreyra por asociación ilícita y administración fraudulenta.
De acuerdo con la acusación, la imputada habría formado parte de una estructura destinada a cometer distintos hechos ilícitos y habría tenido una participación activa en el esquema investigado.
Uno de los mecanismos señalados por la Fiscalía habría sido el otorgamiento de un poder a otro de los imputados para operar una cuenta bancaria perteneciente a la comunidad Ranquel.
La acusación también sostuvo que Moreyra estaba vinculada con una firma desde la cual, según la investigación, se habrían originado fondos y emitido documentación relacionada con gastos y egresos. También se investigan presuntos servicios indebidos o duplicados y movimientos que habrían beneficiado personalmente a integrantes del esquema.
Entre las evidencias mencionadas durante la audiencia aparecen informes contables, pericias sobre libros, análisis de movimientos bancarios, documentación sobre cesiones de derechos, poderes y contratos.
La investigación sobre el Pueblo Ranquel ya había señalado a Moreyra como una de las personas vinculadas al presunto esquema. Una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado había incluido a la mujer entre los integrantes de una supuesta asociación ilícita y había puesto bajo análisis movimientos de fondos por más de $669 millones a valores históricos.
Además, documentación oficial incorporada a aquella denuncia señala que Moreyra pasó a ser titular de cuotas de El Relincho SRL, sociedad que aparece en la investigación por las presuntas maniobras con fondos del Pueblo Ranquel.
La defensa negó que fuera administradora y cuestionó su condición de funcionaria
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que Moreyra no ejercía la administración de la sociedad involucrada en la investigación y planteó además que no revestía la calidad de funcionaria pública en relación con los hechos investigados.
Sin embargo, la jueza Cardini admitió la formulación de cargos.
Como medida cautelar, dispuso la prohibición de salida del país durante cuatro meses sin autorización judicial, tal como había solicitado la acusación y sin oposición de la defensa.
Por el Ministerio Público Fiscal participaron Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz; por la defensa intervino Pascual Celdrán. También estuvo presente el abogado Valentín Rivadera. En representación de la Fiscalía de Estado participó Flavio Ávila.
Segunda causa: fondos municipales sin rendición
La segunda audiencia tuvo como eje otra investigación, esta vez vinculada directamente con la gestión de Moreyra como intendenta comisionada de Nueva Galia.
La Fiscalía de Instrucción N° 3 le formuló cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel y peculado.
Según la acusación, Moreyra habría omitido presentar balances trimestrales y documentación respaldatoria correspondiente a gastos realizados con fondos públicos asignados al municipio.
La investigación comprende su período al frente de la comuna y, específicamente, presuntas irregularidades vinculadas con la rendición de fondos correspondientes al cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2015.
La defensa planteó una excepción por prescripción de la acción penal, pero el planteo fue rechazado por la magistrada.
La jueza, finalmente, admitió los cargos formulados por la Fiscalía.
En este expediente no se solicitaron medidas de coerción contra Moreyra. La defensa, en tanto, anunció un recurso de apelación.
Una exfuncionaria que vuelve a quedar bajo la lupa judicial
Moreyra fue intendenta comisionada de Nueva Galia durante varios años. Registros oficiales de la Provincia documentan su actuación al frente de la localidad y su participación en actividades institucionales durante aquella gestión.
Ahora, su nombre vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial por dos expedientes diferentes: uno relacionado con el presunto manejo irregular de recursos del Pueblo Ranquel y otro con la administración de fondos municipales durante su paso por la intendencia de Nueva Galia.
La formulación de cargos no implica una condena, sino el avance formal de las investigaciones y la atribución provisoria de los delitos que deberán ser debatidos durante el proceso judicial.