Peculado: Investigan el uso indebido de vehículos del Estado
El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial rechazó la nulidad planteada por la defensa en una causa por defraudación.
La causa inició con la denuncia de Fiscalía de Estado en diciembre de 2023, donde se puso en conocimiento que luego de un relevamiento se advirtió la faltante de cinco vehículos que eran propiedad del Estado Provincial y que en ese momento, no estaban en su poder. En virtud de dicha denuncia, se inició la investigación y se logró encontrar a los vehículos.
En el transcurso de la investigación se advirtió que las personas al hacer uso de esos vehículos, realizaban cargas de combustibles pagadas por el Estado Provincial. Según informes, al realizar estas cargas las personas no cumplían ningún rol ni ejercían ninguna función en el poder estatal provincial.
La Defensa realizó un planteo de nulidad argumentando, entre otras cuestiones, que se produjo una vulneración del derecho de defensa en juicio, que sus asistidos no fueron notificados de manera fehaciente ni en tiempo oportuno de la existencia de actuaciones en su contra, que se impidió la participación en la investigación, entre otros planteos.
La Fiscalía por su parte, mencionó que los imputados fueron notificados y también a la Defensoría oficial para que realizara el efectivo control de medidas. Por otro lado, dijo que siempre tuvieron acceso a las evidencias incorporadas y que se trata de una investigación compleja y que no se han vulnerado derechos.
El Juez de Garantía Nº 2, en una audiencia rechazó el planteo de nulidad y manifestó entre varias consideraciones que no se vio afectada la garantía y que no se acreditó un perjuicio concreto.
El Tribunal de Impugnación confirmó lo resuelto por el Juez de Garantía, entre varias cuestiones los Jueces consideraron que no surge de la causa que los imputados se hayan visto impedidos de ejercer algún derecho, controlar evidencia recabada y/o cuestionar la misma, además de aportar la propia.
Agregaron que no ha surgido que las evidencias hayan sido incorporadas de manera irregular o ilegal y que no se observa un perjuicio actual, concreto y menos aun de carácter irreparable.
El tribunal estuvo integrado por el Dr. Hernán Herrera, la Dra. Maria Moserrat Bocca y el Dr. Marcelo Oscar Bustamante Marone. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el Dr. Maximiliano Bazla. En representación de Fiscalia de Estado como querellante, el Dr. Flavio Avila y como Defensor de los imputados el Dr. Pascual Celdrán.
En consecuencia, hoy, viernes a la mañana, se les formuló cargo a cuatro personas que, según la teoría del Ministerio Público Fiscal habrían utilizado vehículos pertenecientes al Gobierno Provincial en beneficio propio o de terceros.
Hoy, el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial comunicó formalmente el inicio de una investigación donde cinco personas – una de ellas no se presentó a la audiencia – son sospechadas de haber cometido el delito de peculado, es decir, de utilizar bienes del Estado en beneficio propio o de terceros.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantías Nº 1 y luego de escuchar a las partes, el Juez tuvo por formulados cargos provisorios por el delito de peculado en contra de Francis Emmanuel Freixes, Sofía Elizabet Aguilera y Jorge Humberto Cejas – en los términos del Art. 261 segunda parte del Código Penal Argentino – y en contra de Sergio Fabricio Olivares – en los términos del Art. 263 del Código Penal Argentino -.
El Ministerio Público Fiscal explicó que el hecho investigado ocurrió entre el 1º de marzo del 2021 y el 12 de diciembre del 2023, cuando los imputados se encontraban autorizados para la conducción de vehículos pertenecientes al Estado provincial.
Fiscalía detalló que los cinco imputados procedieron a cargar combustible y lo usaban no al servicio del Estado, sino en beneficio propio o de terceros. Explicó que las cargas se realizaban a través de un Convenio que el gobierno provincial había firmado con una estación de servicio ubicada en Buena Esperanza, donde a través de un PIN de carga, y con un doble sistema de control – para identificar a la persona y el vehículo autorizado-, cargaban combustible a los vehículos oficiales.
Relataron que el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción fue puesto en conocimiento de la situación a través de Fiscalía de Estado.
Entre otras medidas, en el transcurso de la investigación, se realizó una pericia contable a fin de determinar la cantidad de combustible expedida y su correspondiente gasto.
Fiscalía detalló que tres de los imputados – Freixes, Aguilera y Cejas – eran funcionarios provinciales, mientras que Olivares cumplía funciones como trabajador del plan de inclusión social.
Por su parte, la Defensa de los imputados, ejercida por el Dr. Pascual Celdrán solicitó se tengan por no formulados los cargos. Pidió que la situación de sus asistidos sea analizada en un contexto de persecución política.
Aseguró que los vehículos habían sido autorizados por el Gobierno Provincial para realizar cargas, pero aclaró que las mismas no fueron utilizadas en beneficio de los imputados y que sus asistidos cumplían tareas de acción social, en marco de las directivas que recibían oportunamente.
A continuación, el abogado defensor cedió la palabra a sus asistidos, quienes prestaron amplia colaboración al declarar y aceptaron recibir consultas del Ministerio Público Fiscal.
Cada uno, explicó qué rol cumplía en el período de tiempo investigado. Olivares por ejemplo, relató que conducía un vehículo utilitario con el que trasladaba niños a la escuela desde Nueva Galia a Buena Esperanza. En otras ocasiones, y a través de un programa del Ministerio de Salud, llevaba a mujeres a otros puntos de la provincia para realizarse controles médicos.
Cejas aseguró que no recordaba haber conducido los vehículos que son objeto de la investigación. Freixes se refirió a las tareas que realizaba con un camión volcador en el Pueblo Ranquel, donde ejecutaron diferentes tareas de acondicionamiento, entre ellas el alambrado. Pidió se realice una inspección ocular y se puso a disposición a fin de demostrar las tareas a las que hizo referencia.
Por último, Aguilera detalló que los vehículos se utilizaron siempre en beneficio de la comunidad y de acuerdo a las indicaciones que recibían de sus superiores. Descartó rotundamente el uso de los mismos en beneficio personal.
Intervino como Juez Subrogante en el Juzgado de Garantía Nº 3, el Dr. Alfredo Cuello; como Secretaria la Dra. Natalia Pereyra Cardini; en representación del Ministerio Público Fiscal el Dr. Maximiliano Bazla Cassina y la Dra. Nayla Cabrera Muñoz y en la Defensa de los imputados, el Dr. Pascual Celdrán.